
Estos últimos días, los congresistas cumplieron con su semana de representación, un espacio destinado a acercarlos a la ciudadanía, escuchar las demandas de sus electores y atender necesidades concretas. Sin embargo, en la práctica, y ahora legalmente institucionalizado, este tiempo se está utilizando para favorecer actividades de campaña política con recursos públicos.
Este mes se promulgó la resolución legislativa aprobada por el Congreso que permite a los parlamentarios realizar actividades de promoción política de sus partidos durante estas semanas. Bajo el pretexto de “optimizar el ejercicio de los derechos políticos”, se abre la puerta al proselitismo financiado por todos los peruanos.
Este es un buen ejemplo de lo dicho por Scheppele: “los autócratas legalistas abrazan el lenguaje constitucional y democrático, mientras vacían de contenido los valores liberales que le dan sentido” (2018). Es decir, con esta norma se enmascara una estrategia partidaria bajo la supuesta defensa de los derechos políticos.
El problema no es solo ético, sino también financiero. El Estado cubre los pasajes del congresista y de dos comisionados (asesores de confianza), quienes además reciben viáticos de hasta 360 soles diarios. Esto puede implicar más de 6000 soles por congresista si se suma “el apoyo logístico” que reciben (2800 soles), monto que no está sujeto a rendición de cuentas, más los viáticos de sus dos trabajadores (3200 soles).
Con esta nueva norma, no solo se permite el uso de ese dinero para actividades que ya no están claramente ligadas a la representación, sino que se normaliza una forma encubierta de financiar campañas con recursos públicos, lo cual es particularmente beneficioso para quienes están a puertas de una elección y los pone en una situación de ventaja respecto de aquellos que no tienen esta exposición ni financiamiento.
Por tanto, esto supone no solo una distorsión del rol parlamentario, sino que también inclina la cancha política hacia ciertos grupos electorales. El Congreso ha transformado un mecanismo de acercamiento ciudadano en una plataforma electoral.
Finalmente, no se trata de privar a los políticos de hacer política, sino de recuperar el sentido de representación y evitar que se utilicen recursos públicos para beneficio personal. Si quieren hacer campaña, que pidan licencia y usen su propio dinero, no el de todos los peruanos.

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