El sistema previsional debe priorizar a los ciudadanos

Al contrario de quienes buscan manipular el fondo del debate sobre la reforma del sistema de pensiones en el Perú, este no se trata solo de un ajuste fiscal. Es un tema profundamente social, que debe colocar en el centro a los ciudadanos y su derecho a una vejez digna.

Al respecto, el prestigioso economista peruano Bruno Seminario advertía que “la carencia de una administración financiera independiente y profesional del IPSS destruyó el fondo colectivo, el sistema de reparto, y generó una crisis actuarial”. A esa mala gestión se sumaron programas insostenibles como el Decreto Ley 20530, que convirtió al sistema en un privilegio para pocos y en una deuda monumental para todos los que venían luego. En ese sentido, la consecuencia fue el colapso del modelo que debió ser solidario y aperturó un esquema privatizado con poca confianza de la ciudadanía.

Ello ocurrió en un contexto político muy específico. Fue durante el autoritarismo fujimorista, donde la concentración del poder, la ausencia de contrapesos institucionales y el desprecio por la deliberación democrática impusieron un diseño previsional sin mayor debate ciudadano. Se sacrificó la construcción de un sistema justo y sostenible en nombre de la urgencia y de la disciplina fiscal, pero sin atender las verdaderas necesidades de millones de trabajadores.

Hoy, en medio de un clima político marcado por el centralismo autoritario apañado por el fujimorismo nuevamente, la tentación de repetir esa lógica intenta imponerse. En este caso, la congresista Rosangella Barbarán (Fuerza Popular) operó para colocar una ley que castiga a los trabajadores independientes y que responde más a cálculos partidarios que a un proyecto de país.

Los jóvenes peruanos son los más afectados. Y reclaman un Estado que no maquine un sistema que los asalte. Perú necesita una reforma previsional que aprenda de la historia. El desafío es construir un sistema que combine sostenibilidad fiscal, equidad y legitimidad social.

La vejez digna debe garantizarse por un proyecto previsional que considere crear los incentivos necesarios para que los ciudadanos opten por ello antes que la inversión en el corto plazo. Y sobre ello, incluso para las empresas de fondos de pensión, la estabilidad política y la previsibilidad de la ley deben ser miradas con mayor importancia por los que piensen ser parte del próximo Parlamento bicameral y del Gobierno.