¿Reforma al sistema de pensiones o retorno del Tributo Indígena?, por Rafael Belaúnde Llosa

¿Es razonable que a una persona que gana 1130 soles (sueldo mínimo legal) o 2100 soles (ingreso promedio en el Perú), se le obligue a aportar el 12% de sus ingresos todos los meses (153.6 soles y 252 soles en cada caso), a cambio de recibir a partir de los 65 años una pensión menor al costo de la canasta básica de consumo, salvo subsidio estatal que la eleve a 600 soles? Desde mi punto de vista, la respuesta es contundentemente no. Quienes no ganan lo suficiente, no deben de ser obligadas a dejar de consumir cosas de primera necesidad hoy a cambio de una pensión paupérrima mañana.

Más allá del evidente cercenamiento a la libertad individual y atropello al derecho de propiedad que un aporte forzoso, para adquirir un servicio que no deseas o requieres representa, está el mal negocio de la intertemporalidad en el consumo, que en el caso de las personas de bajos ingresos significa el aporte previsional. Mucho mejor uso al dinero del aporte le pueden dar las personas en el presente que en el futuro. Por ejemplo, un mejor colegio para los hijos, acceso a mejores servicios de salud, tomar un seguro médico, mejorar poco a poco la vivienda, hacer un tercer piso o cuartos para alquilar, invertir en instrumentos financieros alternativos, etc.

Como país, debemos de llegar al acuerdo social para que todas aquellas personas que en su vida laboral hayan tenido ingresos muy bajos e insuficientes, como para financiar una pensión básica, tengan acceso a una. Eso se hace focalizando y priorizando a la población a la que se quiere financiar.

La reforma al sistema previsional impulsada por las AFP y los partidos políticos que controlan el Congreso, es un paso en el sentido contrario.

No contentos con meterle la mano al bolsillo al modesto trabajador en planilla, ahora van también por los independientes que emiten recibos por honorarios profesionales; van por los mayores de 18 años, quienes deberán afiliarse obligatoriamente a una AFP; irán por los menores de 18, que a partir de 2027 también deberán optar por una AFP o, en su defecto, caer en la ONP; van por los menores de 40, a quienes ya no se les permitirá retirar el 95.5 % de su fondo al cumplir 65 años.

En suma, se trata de un corralito generalizado, diseñado para asegurar un mercado cautivo y un flujo de aportes forzosos que, en los hechos, se asemeja al antiguo Tributo Indígena. Solo que, esta vez, no será pagado al rey de España, sino a cuatro AFP y a los grupos de poder que las respaldan. Tributo que fue abolido por Ramón Castilla el 5 de julio de 1854 y que hoy pretenden restaurar Fuerza Popular, Renovación Popular, APP, Avanza País y los demás partidos que controlan el Congreso y cogobiernan el Perú.