La trampa de las demandas adicionales en el Perú, por Jennifer Infantas Paz de Noboa

En las últimas semanas grande fue el ruido y amplia la cobertura al reclamo público que hacía la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) - entidad encargada de proyectos de infraestructura en el país- al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de otorgarle recursos adicionales para la ejecución de obras paralizadas heredadas de la extinta ARCC. De acuerdo con el MEF, los S/ 4,389 millones solicitados por la ANIN, representan un incremento del 140 % sobre el presupuesto ya asignado a dicha entidad para el año fiscal 2025 y evidentemente, esto habría de tener un impacto negativo en la sostenibilidad de las finanzas públicas del país. Ante ello, hace un par de días finalmente, el MEF indicó que se asignaría a la ANIN entre S/800 y S/1.000 millones adicionales, pues actualmente no existe espacio fiscal suficiente para cubrir toda la demanda sin comprometer la meta de déficit fiscal de 2,2% para 2025.

¿Pero qué significa todo esto de la sostenibilidad financiera pública, la meta y el déficit fiscal? Vamos por el inicio. Cierto es que, de acuerdo con la Ley del Sistema Nacional de Presupuesto Público, las entidades del Estado tienen la responsabilidad de planificar y priorizar sus gastos dentro de los límites presupuestales aprobados, lo que implica una correcta distribución y asignación de recursos. Claramente aquello que no fue previsto con debida diligencia ha de generar necesidades adicionales. Sin embargo, aun cuando la paralización de obras tenga un impacto negativo evidente, asignar recursos adicionales sin que exista una mayor recaudación o financiamiento previsto, reduce la capacidad del Estado para financiar servicios esenciales y limita el uso de aquellos recursos disponibles para gastos futuros importantes, lo que finalmente tendrá como resultado el desincentivar la inversión privada, más allá del impacto negativo en las reglas fiscales, en el endeudamiento público o la estabilidad macroeconómica del país.

Algo que llama la atención es el hecho de que, en los últimos años, las entidades del gobierno peruano han incrementado sus solicitudes de demandas adicionales de recursos, un fenómeno que genera serias preocupaciones. Tal es el caso de la Contraloría General de la República, que solicitó S/ 611.5 millones adicionales para el 2025, bajo la necesidad de financiar la labor de auditores y la implementación de la Ley de Carrera del Auditor Gubernamental. 

Así también el Ministerio del Interior, que recibió una transferencia de S/ 140 millones a través de un crédito suplementario para lucha contra la delincuencia, esto es, la incorporación de nuevos policías, operaciones especiales y equipamiento para seguridad. De igual forma, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y otras entidades, destinadas a atender poblaciones vulnerables y ejecutar programas sociales. 

Esta tendencia no sólo refleja una falta de responsabilidad fiscal, sino que también amenaza la estabilidad económica, considerando que, en 2025, el 62.5% del presupuesto nacional está destinado a gastos corrientes, lo que limita severamente los fondos para inversión en infraestructura y servicios esenciales. Por ello, solicitar más recursos en este contexto podría incluso requerir incluso desviar fondos de áreas críticas como educación y salud, afectando a los sectores y poblaciones más vulnerables del país, incrementando la desigualdad en el acceso a servicios y recursos y generando una dependencia del gasto público, que, a su vez, debilita la capacidad de las entidades para buscar soluciones sostenibles.

Además, estimando que el déficit fiscal del Perú alcance menos del 2.2% del PIB en 2025, incrementar el presupuesto sin una adecuada planificación podría llevar a un descontrol fiscal, poniendo en riesgo la calificación crediticia del país y, por ende, su capacidad para atraer inversión extranjera.

Es fundamental que las entidades del estado reconsideren sus enfoques y prioricen la eficiencia en el uso de los recursos existentes. La dependencia de demandas adicionales puede llevar a una trampa de ineficiencia que, a largo plazo, nos perjudica como país. 

El Perú necesita un enfoque más responsable y sostenible en la gestión de sus recursos, que priorice el bienestar de su población por encima de intereses inmediatos. La tarea es clara.