
El Perú exhibe con orgullo el título de capital gastronómica del mundo. Nuestra cocina ocupa los primeros lugares en rankings internacionales y la narrativa de la “marca país” se sustenta en la diversidad y excelencia culinaria. Sin embargo, esta celebración contrasta con un dato estremecedor.
Se trata de la inseguridad alimentaria. De acuerdo con la FAO, más de la mitad de la población peruana. Esto quiere decir que 17,6 millones de personas no sabe si podrá comer al día siguiente.
En el campo, el 66,8 % de los hogares enfrenta inseguridad alimentaria. En las ciudades, la proporción alcanza el 46,1 %.
Una paradoja que debería procurar la atención de las autoridades es que, en Lima Metropolitana, más de un millón de hogares padecen vulnerabilidad alimentaria. Según el Instituto de Estudios Peruanos, el 36,1 % de los peruanos no logra cubrir sus necesidades calóricas mínimas y el 57 % ha experimentado episodios concretos de hambre.
Se trata de una contradicción ética y sistemática. La gastronomía que exportamos como símbolo de éxito convive con la fragilidad alimentaria de nuestra gente.
En medio de esta crisis, ni el Congreso ni el gobierno lo priorizan dentro del gasto público. El proyecto de presupuesto para el siguiente año incrementa el gasto en defensa y seguridad, mientras reduce proporcionalmente la inversión en políticas de desarrollo e inclusión social.
Así, queda para la historia cómo el gobierno de coalición parlamentaria autoritaria decide blindar recursos para el aparato militar y no para garantizar el derecho básico a la alimentación.
Una de las principales críticas que provienen desde las asociaciones de Ollas Comunes hasta las recomendaciones de entidades multilaterales como el Banco Mundial es que es urgente que se trabaje en la articulación de los ministerios de Inclusión Social, Agricultura y Salud en una estrategia nacional que priorice la nutrición de la niñez y de los sectores más vulnerables.
La grandeza de nuestra cocina no puede ser una máscara que oculte la miseria de nuestra realidad alimentaria. Ser “capital gastronómica del mundo” no tiene sentido si más de la mitad de la población vive con hambre.

El gobierno de Keiko Fujimori firmó el decreto que dejó sin fondos a la FAP para combatir incendios forestales.

El senador Astocuri cruzó al lado del oficialismo sin mandato de su bancada y contra la voluntad de sus electores.

Quien dobla las normas desde el poder sabe que su mayor adversario no es la oposición, sino una ciudadanía que aprendió a pensar.

Fuerza y Renovación Popular tuercen las normas cada vez que tienen a los intérpretes de su lado; que no lo logre del todo es mérito de quienes resisten y la razón por la que los atacan.

El acercamiento del gobierno peruano al chavismo dice más sobre las convicciones democráticas de Fujimorismo que todos sus años de discurso antichavista.