A iguales hechos, distintos derechos, por Diego Pomareda

Uno de los principios centrales del Estado Constitucional es que a una misma razón debe corresponder un mismo Derecho. Esto no solo garantiza la igualdad ante la ley, sino también seguridad jurídica; es decir, la certeza de que las normas serán aplicadas de forma coherente, sin importar quién esté en el poder o a quién se juzgue.

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En abstracto, existe un consenso entre juristas: que la interpretación de la Constitución debe ser unitaria, lo que hace insuficiente una lectura aislada; que la institución presidencial, para que un país como el Perú sea gobernable, requiere una protección especial; que los tratados internacionales son de obligatorio cumplimiento; y que las sanciones a altas autoridades deben responder a criterios objetivos.

Si hay un acuerdo sobre estos elementos como principios, ese mismo razonamiento debería aplicarse a los casos concretos. Pero en nuestro país, el Derecho se ha relativizado a tal nivel que el criterio que prima es la aplicación de la norma más favorable, pero no a cualquiera, sino a la persona amiga o cercana en términos de poder o afinidad ideológica.

Así, se justifica que en un momento los miembros de la JNJ deban cumplir sus cinco años de gestión, y en otro que deba primar el límite de edad; que resulte más grave no presentar un informe de gestión que tener una denuncia por violencia familiar; que al presidente, en un mismo quinquenio, se le pueda voltear de cabeza y allanar Palacio, pero luego solo se le pueda tomar declaraciones; o que se defienda a capa y espada los tratados limítrofes, pero se ignore el cumplimiento de los tratados vinculados a derechos.

Ya no se trata, entonces, de que “para mis amigos, todo; para mis enemigos, la ley”, sino de “dime quién está al frente para decidir qué interpretación aplicar”, o, en su defecto, qué revestimiento legal darle a una posición política previa. Eso también explica los malabares jurisdiccionales y administrativos para inhabilitar adversarios o imponerles condiciones carcelarias distintas.

Lo expuesto no solo es un problema de coherencia o de principios democráticos: afecta al Perú en todos los niveles. Sin igualdad ante la ley, no puede haber inversión, ni desarrollo, ni confianza en las instituciones. Es momento de volver a lo esencial: a iguales hechos, debe corresponder el mismo Derecho. Y que la predictibilidad en el Derecho deje de ser política, para volver a ser jurídica.