La cara más brutal, por Eliana Carlin

El régimen de Dina Boluarte no solo es socio del autoritarismo de derechas, sino que lo abraza con descaro, sostenido por la bota militar y policial que aplasta cualquier atisbo de disidencia. Desde las masacres que la colocaron en el poder, con un saldo de 50 vidas segadas bajo su mando como jefa suprema de las Fuerzas Armadas, quedó claro que este gobierno no conoce límites éticos ni legales. Hoy, la instrumentalización del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) como garrote político confirma lo que muchos temían: estamos ante un gobierno vengativo, cruel y dispuesto a pisotear los derechos humanos para mantenerse.

Los casos de Martín Vizcarra y Betssy Chávez son la prueba flagrante de esta deriva tiránica. Vizcarra, expresidente, fue trasladado al hacinado penal de Lurigancho, rompiendo toda lógica penitenciaria que reserva Barbadillo para exmandatarios. ¿El motivo? Claro castigo político, puro y duro. Por su parte, Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros, lleva meses denunciando tratos inhumanos, torturas psicológicas y trabas a su defensa legal.

Ambos casos, distintos pero igualmente tiránicos, envían un mensaje escalofriante: en el Perú de Boluarte, disentir es un delito que se paga con humillación y sufrimiento. La justicia determinará la culpabilidad de Vizcarra y Chávez, pero nadie los ha despojado de su humanidad. ¿O acaso Boluarte cree que su cargo la absuelve de rendir cuentas por las masacres bajo su mando? ¿En qué celda pagará ella por las vidas que apagó?

Este es el rostro descarnado de un régimen que no gobierna, sino que sobrevive a punta de represión y arbitrariedad. Quienes hoy manipulan las instituciones como marionetas sueñan con aferrarse al poder en 2026, ya no por interpósita persona, sino directamente. Llamemos a las cosas por su nombre: esto no es una democracia, es una dictadura maquillada.

Las instituciones, vaciadas de legitimidad, son solo una fachada para prácticas autoritarias que harían sonrojar a los peores déspotas. Si no actuamos ahora, 2026 no será el fin de la democracia —que ya no es tal—, sino su entierro definitivo.