En defensa de las ollas comunes

En los márgenes del Estado, donde la política pública no llega o lo hace de manera deficiente, las ollas comunes se han erigido como expresiones vivas de solidaridad, resiliencia y autogestión comunitaria.

Resul, por lo tanto, indigno que desde la más alta autoridad edil de Lima Metropolitana —el alcalde Rafael López Aliaga— se promueva un discurso de hostilidad contra mujeres organizadas que, desde hace años, cumplen una función esencial en la lucha contra el hambre.

La agresión verbal dirigida contra la presidenta de la Red de Ollas Comunes de San Juan de Lurigancho, Abilia Ramos, constituye no solo una falta de respeto, sino una afrenta a los principios democráticos del diálogo, la fiscalización ciudadana y el respeto por los liderazgos populares.

La denuncia de la señora Ramos es una muestra de ciudadanía certera que debe tomarse como parte del proceso sano de gestión pública de cualquier tipo de programa social. Ella, representando a otras lideresas comunitarias, alzó la voz ante la entrega de alimentos en mal estado.

Como respuesta, ha recibido del burgomaestre improperios y categorizaciones ideológicas, de más agotadas y carentes de un mínimo de seriedad, como solo decirle que “es de izquierda”. Claro, hace eco de su fórmula bravucona ante la incapacidad de responder a denuncias serias, como la que los limeños se hacen tras la adquisición millonaria de trenes chatarra.

La reacción del alcalde revela además de una concepción autoritaria del poder, su visión clasista que desprecia a los pobres del tejido social limeño.

Lejos de hacer lo que corresponde, es decir, rendir cuentas y proponer soluciones, opta por atacar a quienes ejercen su derecho a denunciar.

Su reiterado pedido de audiencia con el alcalde y su emplazamiento a “que venga y coma (la sangrecita que su gestión entrega)” debe leerse como una interpelación ética valiente.

En una ciudad donde millones enfrentan inseguridad alimentaria severa y una de cada 4 niños siguen sufriendo de anemia, la entrega de productos en condiciones insalubres representa una vulneración grave del derecho humano a la alimentación adecuada.

Este diario se suma al reconocimiento y respaldo a Abilia Ramos y a todas las mujeres que, desde el silencio cotidiano, sostienen lo esencial: la vida. Invisibilizar su aporte, criminalizar su voz o someterlas al escarnio público es una forma de violencia institucional que no debe tolerarse.