Un campo que alimenta y el Estado que lo abandona

En un país que se enorgullece de su diversidad gastronómica y presume de la riqueza de sus productos naturales ante el mundo, hay una verdad incómoda que se esconde: quienes siembran, cosechan y transportan los alimentos que llegan cada día a nuestras mesas son también los más olvidados por el Estado.

De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, más del 80% de las unidades productivas agrarias en el Perú son de agricultura familiar. Lo hacen en condiciones extremas: con tierras de difícil acceso, sin acceso a crédito, sin seguro agrario, sin asistencia técnica y con infraestructura hídrica precaria o inexistente. Aun así, producen cerca del 70% de los alimentos frescos que consumimos los peruanos.

Frente a este aporte invaluable, la respuesta del Estado ha sido la indiferencia y, en algunos casos, la agresión legislativa. La llamada ley Chlimper 2.0, recientemente aprobada en primera votación en el Congreso, es una de ellas.

Como han explicado diversos especialistas a La República, esta norma reduce de forma permanente los impuestos a las grandes agroexportadoras. Además, abre la puerta al tráfico privado de agua, debilita la fiscalización laboral y consolida un modelo agroexportador que excluye por completo a los sectores campesinos.

La ley no incluye un solo beneficio directo para los pequeños productores. No habla de riego tecnificado para las alturas ni de mercados locales ni de precios justos ni de fortalecimiento organizativo ni de derechos laborales campesinos.

El campesinado enfrenta múltiples barreras estructurales. Solo el 10% de los agricultores familiares accede a créditos del sistema financiero formal. Menos del 7% tiene acceso a tecnologías modernas de riego, y más del 85% de sus tierras se ubican en laderas o zonas de difícil mecanización.

Diversos estudios del IEP y el Cepes señalan que la agricultura familiar genera entre el 60% y el 70% del empleo rural, promueve la cohesión territorial y alimenta los mercados regionales y ferias populares.

En este contexto, resulta urgente replantear las prioridades del Estado. No se puede seguir legislando de espaldas a aquellos que son la base de la sostenibilidad alimentaria del país.