Defensor de la ilegalidad

El actual defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, parece haber olvidado —si alguna vez lo entendió— cuál es el propósito esencial de su puesto. Bajo su cargo, la protección de los derechos fundamentales de los peruanos ha sido relegada por la defensa de intereses de redes de poder enquistadas en el Estado.

Así lo demuestran su defensa férrea a la exfiscal de la Nación Patricia Benavides y su cruzada en favor de una Junta Nacional de Justicia (JNJ) que actúa con evidente ilegalidad.

Durante una exposición que se extendió por más de treinta minutos, Gutiérrez asumió un rol que no le corresponde: litigar, como si fuera abogado particular, a favor de una fiscal suspendida por presuntamente liderar una organización criminal.

Lo que queda evidente es que su defensa es hacia una fiscal cuya red de operadores, según el caso Valkiria, habría estado detrás del nombramiento del propio Gutiérrez como defensor del Pueblo. Alias Vane, como se le conoce en la investigación, habría maniobrado para instalarlo en el cargo.

Una vez designado, fue él quien presidió la comisión que eligió a la cuestionada JNJ que ahora pretende reponer, a toda costa, a Patricia Benavides. No resulta entonces extraño que Josué Gutiérrez se aferre con vehemencia a su restitución.

No obstante, este comportamiento tiene antecedentes recientes. Gutiérrez ha cerrado filas no solo con Benavides, sino con todo el entramado que sostiene al actual régimen.

Hace apenas unos meses, durante la audiencia en el Tribunal Constitucional por la demanda competencial interpuesta por el Ejecutivo contra el Ministerio Público y Poder Judicial, el defensor del Pueblo se alineó con el Gobierno de Dina Boluarte. Se pronunció como litigante en favor de la presidenta para que no sea investigada mientras ejerce el cargo, contra la propia Constitución.

Como sucede con la JNJ, la deriva que ha tomado la Defensoría bajo la conducción de Josué Gutiérrez revela un proceso más amplio de captura institucional en donde la lealtad no es con el mandato constitucional que lo sostiene, sino con quienes lo han colocado en ese puesto. Su defensa es, finalmente, la defensa de la ilegalidad.