La Libertad, desamparada por César Acuña

De pronto, surgen nuevas informaciones sobre la situación de seguridad y los vínculos políticos con algunas de las causas de la violencia que azota a la región norte del país. En el distrito de Pataz, por ejemplo, la criminalidad ha crecido de forma alarmante, como resultado del avance descontrolado de la minería ilegal y otras actividades ilícitas como las extorsiones y el sicariato.

La región La Libertad no solo se ha convertido en una de las más violentas del país —compitiendo tristemente con la capital, Lima—, sino que la situación actual guarda una relación directa con quienes han ejercido el poder en los últimos años.

Nos referimos al partido que desterró al APRA de su histórico bastión: Alianza para el Progreso (APP). Su líder, César Acuña, ha ocupado el Gobierno regional desde 2014, y a partir de ahí el deterioro de la calidad de vida, estrechamente vinculado con la inseguridad, ha sido proporcional a su permanencia en el cargo.

Según informes periodísticos de ‘Cuarto poder’, una gran mayoría de mineros ilegales están afiliados a APP, y alcanzan casi el 27% de la muestra total dentro del proceso de formalización. Estos mineros ven al partido como un defensor de sus intereses. Pero la problemática va más allá.

Un análisis realizado por Ojo Público revela que más de un tercio de los policías vinculados a brigadas de seguridad y legalidad que operan en la zona también pertenecen a la jurisdicción de La Libertad. Se trata de 36 oficiales implicados en presuntos delitos relacionados con la minería ilegal, como filtrar información reservada, descuidar la cadena de custodia del mineral incautado o incluso robar oro.

En medio de esta tragedia nacional, el señor Acuña ha sido noticia por abandonar el país para tomar vacaciones en una de sus residencias en el extranjero.

La reciente matanza de 13 mineros en Pataz —ocurrida durante un estado de emergencia— y el respaldo previo de Acuña a esas medidas revelan la magnitud de su responsabilidad.