La relación entre Perú y Brasil no pasa por un gran momento. Si bien el vínculo bilateral se ha mantenido cordial en estos años, hemos regresado a la tradicional frialdad que caracterizó la relación durante mucho tiempo.
Por el lado brasileño, desde un inicio de su tercer mandato, Lula da Silva fue muy cauto frente a lo que sucedió en el Perú a raíz del golpe de Estado del ex presidente Pedro Castillo. A diferencia de México y Colombia, el gobierno brasileño reconoció rápidamente al régimen de Dina Boluarte. Considerando el interés mostrado por Brasil por impulsar nuevamente la integración sudamericana y la cooperación amazónica, requiere la participación del Perú.
Estos espacios han permitido un acercamiento entre ambos gobiernos, el mismo que resulta fundamental para el Perú, si tenemos en cuenta las dificultades que presenta su relacionamiento a nivel regional. De alguna forma, ello explica la ayuda que Brasil le brinda al Perú asumiendo la representación y protección de nuestros intereses en Venezuela, luego de la decisión del régimen de Nicolás Maduro de romper relaciones.
No obstante, mientras que el gobierno peruano invitó a Lula da Silva a participar en la reunión de APEC realizada en nuestro país (a la cual finalmente no asistió), el gobierno brasileño no invitó a Dina Boluarte a la Cumbre del G20 (mientras que si invitó a Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay). Además, hace pocos días hemos visto a los gobiernos de Brasil y Chile comprometerse con el desarrollo de un corredor bioceánico que permita integrar al gigante sudamericano con los puertos del norte de Chile, claramente en desmedro de nuestros intereses. Considerar a Perú y Brasil como dos países aliados no es real.
Por ello, no sorprende lo sucedido en torno al asilo brindado a Nadine Heredia. Lula da Silva ha preferido proteger a un aliado político en vez de una relación bilateral que no constituye una prioridad, con una decisión que ha generado mucha disconformidad en nuestro país. Pero esto parece importarle poco, sabe que el Perú tiene más que perder. Por ello, si bien el gobierno peruano estaba obligado a dar el correspondiente salvoconducto, para evitar poner en riesgo una relación “cordial” pero también muy necesaria, no expresó protesta alguna frente a una decisión que favorece la impunidad. Increíble.

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