Mucho por desmontar, por Eliana Carlín

Esta semana ha continuado la seguidilla de normas en favor del crimen y los criminales, aprobadas en un ping-pong perverso entre el Ejecutivo y el Legislativo. En este marco, el Ministerio Público alertó sobre las leyes que amenazan la función fiscal. Una de ellas ha estado bajo los reflectores esta semana. El martes 14, el Ejecutivo observó la Ley 32181, Ley de detención preliminar en casos de no flagrancia. Esta norma favorece a policías que disparan o hieren a ciudadanos, pero hoy favorece en especial al señor Freddy Hinojosa, actual “vocero presidencial”, y ex jefe de Qali Warma, en la temporada del ingreso de Frigoinca como proveedor de dicha institución.

Otra ley pro-crimen es la Ley 31751, que recorta el plazo de prescripción, impide perseguir delitos graves y beneficia a delincuentes que tienen procesos actualmente. Como muchos jueces se negaron a aplicar esta ley, entonces emitieron otra norma que declara la obligatoriedad de aplicar el plazo reducido de prescripción.

Seguimos con la Ley 31990, Ley contra la colaboración eficaz, que acorta los plazos para corroborar la información que brindan los colaboradores eficaces, estableciendo un plazo de 8 meses, con la clara intención de que se caigan los procesos. Sobre esto, la OCDE envió una carta al gobierno pidiendo que no promulgue esta ley, pero cayó en saco roto. No está de más recordar que el 21 y 22 de enero viene a Perú una misión especial anti-cohecho de la OCDE, a evaluar los avances de Perú en esa materia.

Finalmente, recordemos que fue aprobada la Ley 32108, llamada coloquialmente “ley pro crimen organizado”, que coloca trabas a los allanamientos y elimina la posibilidad de tipificar a organizaciones que cometen extorsión como organizaciones criminales. Estas normas, que nos dejan en el mayor desamparo frente al crimen, deben ser el recordatorio de lo que están haciendo con el Perú quienes nos gobiernan, y debemos tomar nota para—esperemos que pronto—comenzar el ejercicio de desmontar.