El sistema de salud y la competitividad en el Perú, por Jennifer Infantas

La competitividad de un país es el resultado de múltiples factores, entre ellos su nivel de productividad. Una población económicamente activa y sana puede alcanzar niveles de productividad más altos. Sin embargo, si un país no logra mejorar su cobertura de salud y mantiene desafíos significativos en cuanto a la calidad de servicios, acceso a medicinas y salud preventiva, no puede ser competitivo.

Según el Ranking de Competitividad Mundial 2024, Perú se ubica en la posición 63 de 67 países, superando su peor desempeño histórico en el año 2021, al quedar en el puesto 58 de 64 economías. Esta edición marca un hito negativo para nuestro país, alcanzando su puntaje más bajo con 43.4 puntos y situándose apenas por encima de países como Argentina y Venezuela.

Nominalmente, más del 92 % de peruanos están asegurados, según estima SuSalud. Sin embargo, el primer nivel de atención médica apenas cubre la mitad de lo esperado, pues no hay un incremento proporcional de los recursos públicos para solventar las atenciones de estos nuevos asegurados. Además, existen múltiples fondos públicos (SIS, EsSalud, FFAA, EPS) con reglas distintas, lo que genera ineficiencia y duplicación de esfuerzos. Sumado a ello, la fragmentación de los servicios de salud en regiones del país por falta de articulación y la alta rotación de funcionarios en el sector salud amplifica sus problemas de gestión.

De acuerdo al INEI, en nuestro país el acceso a la atención médica oportuna sigue siendo un problema crítico. Al 2024, alrededor del 30 % de la población peruana no tiene acceso a servicios de salud de manera eficiente, lo que se traduce en ausentismo laboral y baja productividad. Además, se estima que cerca del 25 % no puede acceder a medicamentos de calidad, lo cual limita las posibilidades de recuperación y aumenta el riesgo de complicaciones crónicas. El 46 % de peruanos acuden a boticas y farmacias como su primera opción. Esto porque optan por automedicarse al considerar que, como confirma el propio Ministerio de Salud, el 95 % de establecimientos de salud presentan infraestructura y equipamiento inadecuado, 2 de cada 5 establecimientos no tienen disponibilidad de medicamentos esenciales y existen solo 10 médicos por cada 10 mil habitantes.

Según la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), el gasto de los peruanos en salud aumentó en un 29 % en los últimos 5 años, sin contar con medicamentos. Sin embargo, en nuestro país el gasto público per cápita anual del sector público en salud es el menor de la región. De acuerdo con el estimado de la OCDE, el monto promedio anual ideal por persona es de S/ 3,882. En Chile asciende a S/ 1,679, en Colombia a S/ 1,248 y en el Perú se estima que es de S/ 523. Dicho esto, el financiamiento público no solo es insuficiente, sino que, a pesar de más o menos esfuerzos, se gestiona de forma ineficiente.

La semana pasada, el Congreso de Perú aprobó, como parte de la Ley de Presupuesto 2025, destinar aproximadamente S/ 32,000 millones para el sector salud y, si bien el monto representa un incremento del 8 % respecto al año anterior, se advierte desde ya que estos recursos podrían no ser suficientes para cubrir las necesidades básicas ni cerrar las brechas existentes. Ante ello, la implementación de las Redes Integradas de Salud (RIS), que no son sino el conjunto de organizaciones locales que cumplen con la provisión de servicios de salud integrales a la población de su ámbito, podría hacer más eficiente el uso de recursos, al definir prioridades locales a través de un plan de salud local y rindiendo cuentas por los resultados sanitarios.

En el Perú, el sistema de salud se encuentra en una crisis estructural que requiere un cambio de modelo centrado en la atención del paciente, enfocado en cómo asegurar la atención oportuna. Un modelo más preventivo, menos hospitalario. Invertir en un sistema de salud accesible y eficiente es esencial para mejorar nuestra productividad y competitividad como país. Por ello, es fundamental que se priorice la inversión en salud como una estrategia para potenciar la competitividad y garantizar un desarrollo sostenible a largo plazo. La tarea es clara.