Dina en el mercado, ¿Qué va a llevar?, por Mirko Lauer

Cuando el abogado (no de Dina Boluarte) César Nakazaki opina que la presidenta “no puede ser una caserita de la fiscalía”, hay cosas que dice y otras que no dice. A primera vista, la frase no parece una defensa de Boluarte, sino la crítica a un trastocamiento de los fueros judiciales. Hay una evidente alusión a la frecuencia, y otra más sutil a la gratuidad.

Probablemente Nakazaki no piensa que una investigación más, esta vez sobre cirugía y reposo, va a derribar a Boluarte. Más bien podría estar pensando que el acoso puede mellar el prestigio de la investidura presidencial. De hecho, ya lo está haciendo, si nos atenemos al humorismo político de estos tiempos, que recoge con fruición los problemas de la presidencia.

En realidad, ni el Congreso ni el sistema judicial quieren deshacerse de Boluarte. Lo que están buscando, parece, es un rediseño de la presidencia como institución y volverla un poder regulable. Es decir, un cargo poderoso en apariencia pero muy investigable (fiscalía) y coronado 24/7 por una espada de Damocles (Congreso).

En uno de los escenarios que se presentan ante Palacio, la fiscalía avanza en la exploración de una falta, y con ello abre el camino a que el Congreso la vaque. En los hechos, es una inverosímil carambola a dos bandas, pero con geometría suficiente para mantener tranquilos a los millones que desaprueban a Boluarte y al Congreso entero.

A estas alturas, son pocos los convencidos de que Boluarte no llegará al final de su período. En cambio, está creciendo el número de quienes creen (creemos) que una salida adelantada y una elección apurada no resolverían nada en términos de reordenar institucionalmente el país. Pero mantener a la presidencia en su sitio no equivale a dejarla tranquila.

En realidad, Dina Boluarte es caserita de muchísimos reproches, y quienes la dejan tranquila lo hacen por la más cruda conveniencia. Por alguna extraña razón, los dedicados a tumbar a Boluarte no están mostrando mayores ganancias políticas. De allí ha salido la idea del “pacto corrupto” en torno a Palacio.

Por su parte, el problema de la fiscalía no es si investigar a Boluarte o no. Su problema principal es el abuso de mecanismos como la prisión preventiva, que paradójicamente nos puede llenar el país de prófugos.