Valiente denuncia ante CIDH

Ha sido contundente la denuncia del juez Oswaldo Ordóñez, miembro de la Federación Latinoamericana de Magistrados, efectuada ayer ante la audiencia de la CIDH. Ha denunciado el clima de hostigamiento y persecución del Congreso y el propio Gobierno contra jueces y fiscales. Ha señalado que se han dictado leyes que pretenden menoscabar la independencia de la que debe gozar el sistema de justicia y contra la separación de poderes en detrimento de la vigencia de la democracia peruana.

Lo ha hecho en un contexto complicado, porque se están pretendiendo normalizar los excesos legales cometidos para limitar la labor que ejercen los fiscales como responsables de las causas penales y dejar la investigación preliminar en manos de la PNP, que carece de independencia porque forma parte del Ejecutivo y es subalterno de ese poder.

Las garantías que otorga el sistema jurídico internacional están siendo recortadas mediante disposiciones que inconstitucionalmente buscan determinar la aplicación del control difuso, que es un recurso de los jueces, a una determinada y específica condición de jurisprudencia solo si el caso es peruano.

En la presentación ante la CIDH, el juez Ordóñez ha hecho un recuento de las leyes que afectan la administración de justicia. Es el caso de la recortada definición de las organizaciones criminales, en las que se dejan fuera varios delitos graves. Este es uno de los dispositivos considerados procrimen por los transportistas y otros gremios, quienes refieren que alientan el sicariato y la extorsión.

Hay que hacer una mención aparte a las normas que favorecen la violación sistemática de los derechos humanos, con leyes que buscan imponer la impunidad para delitos de lesa humanidad. En menos de cuatro minutos, el juez Ordóñez hizo un panorama vigente y real de las amenazas contra la justicia y el debido proceso en el Perú.