Inseguridad ciudadana: medidas fracasadas
El Ejecutivo no propone nada nuevo y el Congreso no asume su culpa por lo que está pasando con el transporte público.
Volver a proponer la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, esta vez para luchar contra la extorsión de la que están siendo víctimas los transportistas, sumada a la repetición de la declaratoria de emergencia en algunos distritos, en los que no funcionó, nos permite asegurar que los miembros del Ejecutivo con Dina Boluarte a la cabeza no entendieron nada del real problema de la inseguridad ciudadana.
La receta del Ejecutivo no trae ninguna acción que no se haya probado y fracasado. Una tras otra, hay 5 declaratorias de emergencia con similares resultados. El delito se mueve al distrito del costado para seguir su ronda de violencia y caos y se va extendiendo y perjudicando el entorno, corrompiéndolo.
La Fuerza Armada en materia de seguridad no es la experta. Su presencia no ha mostrado, en ninguno de los casos, que atenue la delincuencia. Por el contrario, abre una Caja de Pandora peligrosa, en la que el uso excesivo de la fuerza estatal legalizada es el menor de los problemas.
¿Y el Congreso, que ha dado -una tras otra- normas que alientan a las organizaciones criminales, las protegen y les garantizan impunidad? No es posible que, en medio de esta protesta masiva de los transportistas, los parlamentarios se quieran poner de perfil y en casos aún más desfachatados, querer ganarse ese capital político para su molino.
Es increíble ver al fujimorismo y sus adlateres hablando de medidas y plazos a adoptarse, cuando promovieron las leyes que nos han colocado en este disparadero. La ley 32108 que concede una serie de ventajas a las bandas criminales, entre ellas que se espere al abogado defensor en los allanamientos y que se tenga una nueva definición del delito cometido por las organizaciones criminales, de las que se han eliminado el sicariato, por ejemplo, es una de ellas.
El fujimorismo que dirige el gobierno porque maneja al Ejecutivo, al Congreso, al Tribunal Constitucional y pretende copar todos los espacios democráticos que subsisten para ejercer su control antidemocrático, ahora no quiere hacerse cargo del paquete de medidas que se elaboran en el espacio parlamentario para concretar este dominio. Es una audacia sin límites.