Canalizar la indignación social, por Cynthia Cienfuegos

El malestar ciudadano expresado en los últimos días contra funcionarios, congresistas y ministros no es reciente. Si bien el rechazo a toda forma de violencia debe ser firme, estos hechos no se tratan de manifestaciones orquestadas por determinados grupos, ni de actos de discriminación como algunos sostienen. Lo que hemos visto son reacciones ciudadanas espontáneas y, por supuesto, legítimas frente a un escenario político insostenible.

El estallido social, ocurrido en diciembre de 2022 e inicios de 2023, marcó también el deterioro de las relaciones entre el gobierno y la población. En momentos críticos donde era necesario ejercer la escucha y canalizar las demandas ciudadanas, sobre todo de las regiones del sur del país, las vías del diálogo se cerraron. Pero no solo fue eso. También hubo represión y criminalización de las protestas; las expresiones artísticas críticas al gobierno fueron censuradas; y se presenciaron actos de discriminación étnica. Desde ese entonces, hasta la fecha, el Perú llega con 49 muertes en las protestas sociales, con las contrarreformas del Congreso, con el desmantelamiento de las instituciones, y con un gobierno que avala los graves retrocesos en materia de democracia y de derechos humanos. Las decisiones y comportamientos del Ejecutivo y Legislativo han reforzado los sentimientos de indignación social.

Es importante reconocer que hay un conjunto de emociones y sentires colectivos, propios de la crisis política, que no están siendo atendidos. El último informe del IEP revela que los peruanos y peruanas sienten decepción, tristeza, cólera y repudio frente al actual gobierno y Congreso. Si bien las muestras de rechazo se hacen cada día más visibles, se necesita canalizar el hartazgo colectivo. La pregunta es cómo y quién lo hace, si los actores públicos responsables para gestionar y promover el ejercicio del diálogo han perdido legitimidad.