El ministro que debe irse
Juan José Santiváñez ha mentido reiteradamente sobre Colchado y la Diviac.
Las reiteradas mentiras sobre el coronel Colchado y la Diviac bien ameritarían la salida del ministro del Interior, Juan José Santiváñez. Durante varias semanas, el titular del Interior recorre los canales de televisión para consolidar una narrativa que junta dos variables rechazadas por el gran público: privilegios y corrupción.
Se trata de asociar al mensaje de grandes presupuestos que se gastan sin control, a la existencia de casos que se dejan de indagar por afinidades políticas, en la dependencia que investiga precisamente la corrupción en el poder, incluidos Dina Boluarte y su hermano Nicanor.
Adicionalmente, el ministro fustiga la presencia del coronel Harvey Colchado, a quien hace ver como un estratega manipulador detrás de las acciones policiales de la dependencia que hasta hace unos meses dirigió. Hay que recordarle al ministro que el apoyo es solicitado por la Fiscalía a cargo, que es la titular de la investigación. Sin restarle méritos al Cazador, hay que establecer claramente los límites de cada quien.
Es bastante evidente que los grandes presupuestos no existen más que en la imaginación del ministro. La Unidad de Investigación de La República ha desentrañado el misterio: la Diviac no recibe más presupuesto por inteligencia que otras dependencias policiales. Tampoco ha sido el presupuesto más elevado, el año pasado recibió más. En cuanto al control, ya se ha movilizado a la Contraloría de Nelson Shack y a la operadora de los psicosociales del Congreso, Patricia Chirinos, para promover investigaciones y comisiones. ¿De qué se trata tanto salto si el suelo aparentemente está parejo? Santiváñez debe responder por sus reiteradas llamadas telefónicas para averiguar indebidamente sobre el proceso disciplinario contra Colchado y por sus operativos mediáticos contra Diviac. Hay pruebas, audios y testimonios que lo ubican en una postura ilegal, detrás de operaciones contra periodistas y pidiendo documentación prohibida para un ministro de Estado. Amerita una investigación exhaustiva y diligente.