La prensa bajo constante amenaza del régimen

Resulta ofensiva, a la par que grave, esta comunicación filtrada del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, en la que pide apoyo a alguien con el apelativo el Doctor para que “controle” a ‘La encerrona’ y a su director, Marco Sifuentes. Ofensiva, porque no es la primera vez que un representante de este Gobierno agrede o insulta a un hombre de prensa o impide que realice su labor profesional. Basta ver los cercos colocados en actividades oficiales de Dina Boluarte y las intentonas de abrir procesos contra César Romero, además de los interminables expedientes del OSCE contra el diario La República.

Y preocupante, porque ha solicitado apoyo a un personaje aún desconocido para dirigir acciones ilegales contra un medio de comunicación. Su director ha denunciado que se está vigilando un domicilio que ya no le corresponde. Una acción ilegal que ya se ha establecido en otros casos, documentados por La República, como el de la vivienda de la fiscal Marita Barreto y el del contralor Nelson Shack.

El ministro del Interior actual tiene en su pasado una lista de defensas legales ejercidas a oscuros personajes y bandas criminales que han operado en el país y que permiten establecer su conexión y conocimiento con estas actividades ilícitas. Han sido estas revelaciones las que impidieron que en anteriores Gobiernos logre escalar posiciones de poder.  En el Gobierno de Dina Boluarte, por el contrario, le han servido para ejercerlas.

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Sin embargo, los cuestionamientos contra el ministro del Interior no se basan exclusivamente en su pasado. En vez de preocuparse por lo que dicen los periodistas sobre él, mejor haría Santiváñez en atender las críticas generalizadas por el desgobierno y el caos que está generando el régimen del que forma parte y que está ostensiblemente jalado en una materia que le compete, como es la seguridad ciudadana.

Finalmente, nuestra solidaridad plena con Marco Sifuentes y ‘La encerrona’.