Cuando este sábado en la mañana el presidente del Congreso puso fin a la legislatura, un suspiro de alivio fue mi primera reacción. Ha sido una semana de guardia ante el catastrófico panorama que suponía el menú de legislación que el Parlamento, en cinco días de Plenos, debía someter a debate y aprobar.
No se votó la ley anti-ONG que buscaba controlar e impedir el financiamiento internacional a proyectos que podrían ser calificados arbitrariamente como de “activismo político”, violando las libertades de asociación, pensamiento y creación. Tampoco se aprobaron los tres proyectos para destruir el sistema de justicia y el sistema electoral. El primero, la captura de la ONPE y la Reniec por el Congreso y la disolución de la JNJ. El segundo, el asalto del Congreso disolviendo de facto la Junta de Fiscales Supremos y, el tercero, quitar parte de la titularidad de la investigación penal a los fiscales para dárselas a los policías.
Tampoco se aprobó la ley pro crimen organizado que redefinía el delito para hacerlo más restrictivo y así favorecer a diversas bandas criminales. No se aprobaron las modificaciones a la ley general de elecciones y a la ley de partidos políticos para, entre otras barbaridades, desaparecer a los movimientos regionales. Tampoco se votó la ley pro impunidad de graves violaciones de derechos humanos, promovida desde la más absoluta ignorancia en derecho internacional que pretende declarar prescrito lo que cada juez y fiscal puede, por ius cogens hacer imprescriptible, y de hecho lo hacen, internacional y localmente, desde los juicios de Núremberg. Un proyecto que quería favorecer a militares y policías (y de paso a Fujimori), pero que sirve para favorecer a las cúpulas más salvajes del terrorismo local.
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La ley anti-Antauro no se pudo aprobar por una paradoja. ¿Tiene sentido que delincuentes rehabilitados, luego de cumplir condena por graves delitos, tengan un tiempo de espera antes de participar en elecciones? Lo tiene, siempre que sea una norma general. Es decir, se aplica a todos, por un universo de delitos dolosos. Cabe destacar que este tipo de legislación nunca fue necesaria porque en el pasado los exconvictos no tenían ningún interés en postular y los partidos políticos bastante más vergüenza para llevarlos en sus filas. Hoy, sin embargo, la vergüenza es poca y la necesidad mucha. ¿Por qué no se pudo aprobar? Porque entre los interesados no solo está Antauro Humala sino también Alberto Fujimori y una lista corta, pero muy activa, en todas las bancadas, de delincuentes salidos de prisión o próximos a cumplir su condena. A Martha Moyano solo se le ocurrió achicar la lista de delitos para que solo calcen con los de Humala, haciendo una descarada ley con nombre propio que no tuvo más remedio que regresar a comisiones. Esas cosas pasan cuando la delincuencia legisla para delincuentes. He ahí la paradoja.
¿Qué se aprobó esta semana? Lo más grave, el nombramiento de 200.000 maestros sin rendir examen (muchos de ellos jalados y algunos repetidas veces) destruyendo la meritocracia de la carrera pública magisterial. El sueño de Pedro Castillo ejecutado por el pacto de facto. Lo siguiente es el regalo tributario, una ley de amnistía y un descuento de 10 puntos al IGV de peluquerías que rompe, otra vez, con la regla de neutralidad tributaria en un despliegue del peor de los mercantilismos. Finalmente, una ley del cine que castiga la libertad creativa y condena al cine regional a la desaparición, y que la ministra de Cultura dice que el Ejecutivo va a observar.
¿Mal resultado? Pésimo, pero si se compara con lo que se tenía en cartera, demos gracias a Dios y a todos los santos. Sin embargo, el peligro sigue latente. La Comisión Permanente no puede aprobar reformas constitucionales ni leyes orgánicas ni leyes por insistencia, pero por ahí se animan a resucitar algunas de las peores. Asimismo, regresan en agosto y en cualquier momento arrancan de nuevo. El Congreso ya ha hecho gravísimo daño a la persecución del delito (modificación a la colaboración eficaz); en materia electoral (abolición de las PASO, paridad y alternancia); en materia universitaria con la destrucción de Sunedu para promover el regreso de la universidad estafa, en otras barbaridades que va a costar una década revertir.
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¿Cómo se logró el milagro? No ha habido protestas en las calles ni movilizaciones masivas en todo el país. ¿Quién les metió miedo a los soberbios congresistas que lanzan comunicados declarándose “primer poder” como si estuviéramos en el siglo XIX? Como ha sucedido en 200 años de nuestra historia, cuando parece que ya todo está perdido y no hay forma de construir patria, la ayuda llega de afuera. Esta bicentenaria costumbre nunca falla en el Perú. Esta semana hemos sido noticia en la prensa extranjera, pero hemos sido motivo de pública preocupación en Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos y 16 delegaciones diplomáticas (incluyendo a la Unión Europea) que se manifestaron de modo conjunto.
Hay que añadir que localmente ha demorado la reacción, pero se ha dado. Un conjunto de organizaciones empresariales ha protestado, al fin, contra el relajamiento de las normas anticrimen. Otro grupo de ONG ha levantado su queja contra el proyecto violador de sus derechos. El Ministerio Público ha sacado dos pronunciamientos y en el primero, en un hecho sin precedentes, ha pedido a la ciudadanía ejercer su derecho a vivir en democracia, defendiendo el Estado de derecho. Autoridades electorales, expertos en educación, cineastas, defensores de derechos humanos han tratado de hacer ver, por todos los medios posibles (que lamentablemente no son muchos), por qué estas piezas de legislación son catastróficas para la democracia mientras que grandes mayorías no se han ni enterado del peligro que ese Congreso de 8% y este Ejecutivo de 6% han puesto sobre sus cabezas.
Como el niño holandés del cuento, vamos a tener que seguir conteniendo la inundación con el dedito puesto en el agujero, tal vez toda esta larga noche, pero tarde o temprano amanecerá.