Carnaval parlamentario, por Rosa María Palacios

El Congreso peruano ha decidido regresar al siglo XX. En lo económico, vamos en un viaje con pocas escalas al primer gobierno de Alan García. En lo político, a la autocracia fujimorista de los años 90. Examinemos los hechos que aquí no hay exageración alguna.

Como a la mayoría le importa más el bolsillo que los derechos, empecemos por ahí. El Congreso se ha puesto regalón. ¿No tienes pensión mínima en el sistema de AFP? ¡No importa! Te la regalamos. ¿No tienes ningún ahorro en ningún sistema de pensiones? ¡No importa! Te regalamos el 1% del IGV de tus consumos para que lo aportes (no te va a alcanzar para mucho, pero a caballo regalado no se le mira el diente). ¿Suena bien? Se lee estupendo eso de andar recibiendo regalazos. Pero como aprendimos con Alan García, “no hay lonche gratis”. ¿De dónde michi van a salir los recursos? De la recaudación tributaria. ¿Son las pensiones más importantes que la salud y educación? Del mismo cuero se han hecho toditas las correas y ese cuero es la espalda del contribuyente. Desvestir a un santo para vestir a otro puede terminar con los dos santos medio calatos.

Pero la generosidad parlamentaria se extendió con entusiasmo en la Comisión de Economía. Se ha aprobado la deducción del impuesto a la renta de una serie de gastos familiares (educación, salud, alimentos, pasajes aéreos, restaurantes). ¿Mi favorita? El veterinario. Pero, además, se puede deducir del Impuesto a la Renta como gasto hasta el 70% de la pensión de alimentos. ¿Qué va a suceder? Una avalancha de conciliaciones por alimentos (me incluyo) de parejas unidas y bien avenidas que ni tontas, no se van a perder tremendo regalazo. Con esto, las personas naturales que, si pagamos con dolor Impuesto a la Renta, ¡no vamos a pagar nada! Con razón Rosángela Barbaran pedía exoneración tributaria por hacer una maestría. No era un chiste. Se la concedieron.

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Pasemos a la sección crimen, una de las favoritas del Congreso. No contentos con exonerar de responsabilidad penal a un solo tipo de persona jurídica, los partidos políticos, van por mas impunidad. Lo primero, reducir la aplicación del tipo penal “crimen organizado”. Ahora se requieren más condiciones. La primera, que los delincuentes cometan un delito con una pena mayor a 6 años. Lo segundo, que el delito genere una cadena de valor. Con esas dos condiciones, ‘Los Cuellos Blancos’ (tráfico de influencias tiene menos de 6 años) y el ‘Tren de Aragua’ (trata de personas) quedan fuera. ¿A quién está sirviendo el Congreso? Aparentemente, a sí mismos.

Esta misma semana, la Comisión de Constitución aprobó una ley de impunidad para todas las graves violaciones a derechos humanos cometidas antes del 2002. ¿La excusa? Una pésima interpretación del termino “lesa humanidad”. Los fujitroles creen que es un tipo penal. No lo es. Es una calificación que convierte a un acto grave y lesivo para la sociedad en imprescriptible. Por eso, hoy Sendero Luminoso, 30 o 40 años después de sus horrendos crímenes, puede ser juzgado como pueden ser juzgados y condenados Montesinos, Fujimori o Urresti. Lo que busca el proyecto es que los soldados que violaron decenas de campesinas en los ochenta no tengan sanción alguna porque ya pasó mucho tiempo y recién en el 2002 el Perú suscribió el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional que reconoce la imprescriptibilidad de estos crímenes. Si se siguiera el argumento de que se ha aplicado este estatuto retroactivamente (contra militares y policías) los juicios de Nuremberg no hubieran existido. Esperemos que el sistema de justicia, aplicando la jurisprudencia uniforme de la CIDH, aplique control difuso y no aplique la norma como ya se ha hecho con la ley Soto.

Estas normas de carácter criminal benefician directamente a los partidos políticos que están en el Congreso. Procesados por organización criminal están Fuerza Popular, Renovación Popular, Podemos y Perú Libre. Fuera del Congreso el APRA, PPC, Partido Nacionalista. Fuerza Popular tiene procesados por graves violaciones a derechos humanos a Alberto Fujimori y Podemos tiene sentenciado a Daniel Urresti. Ambos podrán invocar la retroactividad penal benigna para que, habiendo cambiado la interpretación de la ley penal, se les otorgue inmediata libertad o sobreseimiento de sus procesos.

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Pero no solo se han puesto con entusiasmo a favorecer criminales o a dilapidar ingresos fiscales de un país que no ha tenido crecimiento económico el año pasado. Eso no es todo. También hay que perseguir el pensamiento. Esas ideas que pueden ser “peligrosas”. En esa línea está una nefasta ley de cine o la ley anti-ONG. Respecto de lo primero, el castigo esta en los fondos para premiar concursos. Así como se ponen regalones con las pensiones o el impuesto a la renta, una súbita tacañería los invade cuando se trata de películas, peor aún si son regionales. Han llegado incluso a insinuar que deben pasar por censura militar, no vaya a pasar, ¡horror!, que alguna de las poquísimas películas que se hacen cada año vaya a contar que un militar mató a un campesino inocente en los ochenta y noventa. “Eso nunca pasó” es el ridículo mensaje. Por supuesto que pasó, y eso no modifica en nada el éxito en el combate al terrorismo mientras todos los culpables tengan sanción y las victimas verdad y justicia.

Respecto a las ONG, un viejo fantasma de la izquierda setentera se agita. ¡Atentan contra la soberanía nacional porque reciben fondos de gobiernos extranjeros! No escuchaba tremenda estupidez desde la dictadura militar. La diferencia es que ahora los perseguidores se consideran muy conservadores. ¿Qué están buscando? Con el cuento de la regulación, lo que quieren es su disolución. Esa es la verdad, a la moda de la dictadura de Nicaragua.

Sin embargo, hay una buena noticia. Un régimen que comete tal cúmulo de desatinos, en plan de salvarse a sí mismo, solo puede estar de salida.