El imperio de la ley

El Ministerio Público ha divulgado dos comunicados en los que resume su posición crítica frente a las distintas iniciativas legislativas que afectan la institucionalidad, la legalidad y la separación de poderes.

Se trata de responder así a una andamiaje que se construye a velocidad para garantizar un eventual triunfo en las elecciones, mediante la captura del sistema electoral y la eliminación de contendores, y la impunidad mediante la adecuación de leyes para recortar su alcance y para quedar fuera de los procesos actuales y a futuro. Además, se están reduciendo facultades para la investigación al tiempo que se busca modificar su estructura interna para tener control político del MP y de jueces y fiscales, al pretender eliminar la Junta Nacional de Justicia.

El otro proyecto cuestionado, nacional e internacionalmente, es el que otorga amnistía a quienes violaron derechos humanos, considerados crímenes de lesa humanidad. Incluyen todos los casos precedentes a 2002. La Junta de Fiscales supremos ha contemplado que este proyecto de ley afectará a 600 casos en curso, y otros ya sentenciados a los que una medida de esta naturaleza impactará directamente.

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La propuesta deviene en inconstitucional, señala la Fiscalía, porque contradice normas supranacionales que obligan a los Estados a impedir la prescripción de delitos de esa magnitud.

En sus comunicaciones, la Fiscalía ha convocado a la ciudadanía y organizaciones a defender el Estado de derecho, que se pone en riesgo con medidas como las que pretende el Congreso. Y ha demandado que el Gobierno no las promulgue por el severo daño que puede provocar.

La respuesta del Congreso ha sido inmediata. Ha reclamado al MP la separación de poderes y que no interfiera en sus fueros. Resulta paradójico que sea precisamente un señalamiento a la justicia, que es la que está reclamando por la abierta y provocadora intervención parlamentaria en sus labores. Urge una respuesta ciudadana a la prepotencia legislativa.