Un país a oscuras, por José Ragas

Este domingo por la noche, un cortocircuito en el sistema de redes del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez provocó que las luces de la pista de aterrizaje se apagaran de manera imprevista, lo que generó caos y confusión en el punto de entrada y salida más importante del país. Las compañías tuvieron que redirigir sus unidades que estaban por aterrizar hacia otros aeropuertos, mientras que las que estaban por despegar tuvieron que posponer su salida de modo indefinido.

Mientras la responsabilidad pasaba de una entidad a otra, tanto en el cielo como en tierra, los pasajeros sufrían las consecuencias del desastre: algunos fueron llevados a hoteles y otros tuvieron que acomodarse en el aeropuerto a la espera de un nuevo vuelo. Se estima que ciento treinta vuelos fueron afectados y alrededor de ocho mil quinientas personas no pudieron salir o llegar a su destino, especialmente en un fin de semana con quienes desean regresar para reincorporarse a actividades laborales un lunes por la mañana.

El problema de fondo no es el cortocircuito, que pudo haber sido un imprevisto. El problema es la falta de respuesta del que se supone es un aeropuerto certificado y el más importante del país. Lo ocurrido ha revelado una serie de problemas que no solo afectan a dicho espacio, sino al país en conjunto. Hace pocos meses se reveló lo ocurrido con la torre de control del aeropuerto, donde tres bomberos perdieron la vida durante un simulacro mal ejecutado por los operadores aeroportuarios. Donde se supone además que se cuenta con una nueva torre de control (aún no operativa), inaugurada por una presidenta necesitada de aplausos y actividades para llenar su inexistente agenda diaria.

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Durante el incidente del domingo, los aviones tuvieron que improvisar su aterrizaje en aeropuertos regionales que no cuentan con la capacidad para atender una emergencia como esta, y que exponen el centralismo a nivel de infraestructura aeroportuaria. Según información del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Jorge Chávez sirvió como lugar de movimiento para más de seis millones de pasajeros durante el trimestre enero-marzo de 2024. Según la misma fuente, dicho aeropuerto concentra el 62% del movimiento de viajeros, lo que deja muy atrás a cualquier otro aeropuerto regional, incluyendo el del destino turístico por excelencia del país, Cusco, con apenas 0,9% durante el mismo periodo.

Más complicado de entender aún es que el aeropuerto no cuenta con un sistema de emergencia o alternativo que permita responder de manera eficaz ante un problema así. La fragilidad de una infraestructura como la del aeropuerto Jorge Chávez, donde reposa una parte fundamental de la economía del país por el turismo, resulta pasmosa y preocupante. ¿Qué hubiera pasado si alguno de los aviones no lograba desviarse a tiempo? ¿En cuánto se calculan las pérdidas por esas horas en que la pista de aterrizaje no pudo operar con normalidad? De llegar a realizarse un informe, es posible que este mantenga la impunidad y lavada de manos que son comunes en estos días.

Como es de esperarse, nadie ha tomado responsabilidad por lo ocurrido y los comunicados y declaraciones de quienes están a cargo del aeropuerto salieron a minimizar o desviar la atención de la gravedad de lo ocurrido. El ministro de Transportes, Raúl Pérez Reyes, calificó lo ocurrido como un “evento fortuito”, evitando señalar medidas concretas para compensar a los perjudicados y que puedan dañar la imagen de empresas y concesionarios.

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En esta ocasión, felizmente, no hubo víctimas que lamentar, aunque es muy probable que los pasajeros que fueron afectados tendrán que conformarse con alguno de los comunicados que Corpac emitió en sus redes sociales autofelicitándose por resolver el problema, algo que es su deber, no un servicio comunitario. Que este incidente haya ocurrido precisamente cuando comienza un periodo de ofertas de vuelos y paquetes turísticos va a llevar por lo menos a más de uno a replantearse si vale la pena aterrizar en Lima, Cusco o Perú y si no es mejor viajar hacia otro país de la región cuyas instalaciones ofrezcan un poco más de seguridad y tranquilidad a los pasajeros.

Accidentes, improvisación, impunidad. El apagón del Jorge Chávez es en cierta forma una proyección a escala pequeña y a su vez monumental de lo que viene ocurriendo en el país. El proceso de descomposición política que este Congreso y el Gobierno han venido promoviendo se ha trasladado a la infraestructura. Cualquiera que pase por el centro de Lima notará la acumulación de basura que se ha producido en estos días, como consecuencia del despido de trabajadoras de limpieza y de la ausencia de un plan de contingencia del alcalde López Aliaga. Y esto sin considerar la contaminación por excremento de los carruajes a caballo que el mismo alcalde pretende implementar.

En movilidad no andamos mejor, con una prórroga por tres años de las combis que tengan una antigüedad de hasta 35 años; es decir, de cuando fueron introducidas por el gobierno de Alberto Fujimori al liberalizar el transporte urbano. Mientras, los accidentes y la falta de fiscalización continúan provocando accidentes como el ocurrido en Ayacucho en mayo, consecuencia de un conductor sometido a extensas jornadas y que se quedó dormido mientras manejaba un bus de CIVA, compañía que acumula miles de multas.

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Perú se está volviendo un país incapaz de asegurar un mínimo de calidad de vida a sus ciudadanos, desde movilizarse a su hogar o centro de trabajo de forma segura y digna hasta viajar a otro destino. No debería sorprender que el aeropuerto Jorge Chávez, que este fin de semana se convirtió en el centro de esta debacle estructural y social, sea el mismo lugar por donde miles de peruanos, cansados de intentar vivir en el país, deciden irse para no volver.