Perú en desorden social, político y educativo, por Moisés Barrantes
“El parlamento, ahora poder de Estado más rechazado, continúa obrando como si en su entorno nada ocurriera, aprobando propuestas y leyes, que atentan contra la Constitución”.
La situación social y política en el Perú republicano nunca ha sido buena y tranquila. Pero los últimos cuarenta años, los niveles de desorden y daño son los más delicados y graves. Las memorias de las personas mayores de cincuenta años deben tener guardados numerosos hechos, que han marcado huellas de maldad teñidas por la violencia de las guerrillas, explotación y enriquecimiento de los poderosos, junto a la clase política que detenta el poder. Por eso existe más pobreza, acompañada de delincuencia y corrupción.
Ocho presidentes de la nación, empezando por Alberto Fujimori hasta nuestra actual mandataria, son investigados por la Fiscalía y el Poder Judicial, cuatro de ellos fueron encarcelados y uno con detención domiciliaria. Los poderes del Estado, especialmente Ejecutivo y Legislativo, lejos de atender los requerimientos de la sociedad y el País, con su accionar dañino, no han permitido que el Perú desarrolle, pese a tener grandes recursos naturales y personal técnicamente preparado.
El parlamento, ahora poder de Estado más rechazado, continúa obrando como si en su entorno nada ocurriera, aprobando propuestas y leyes, que atentan contra la Constitución y carecer de soporte técnico. Este comportamiento del Legislativo se nota al aprobar normas que defienden intereses de sus integrantes, atropellando el debido proceso y la independencia de poderes. Recientemente pusieron en tapete la propuesta del ingreso libre a la universidad ¿Se habrá analizado el significado de la propuesta?
Precisamente salud y educación, pilares de la sociedad, constituyen para la mayoría de los parlamentarios las últimas ruedas del coche, los sectores más olvidados. La educación escolarizada, que es responsabilidad prioritaria del Estado en un país civilizado, merece tratamiento serio y riguroso en todos sus niveles, los cuales están relacionados. Estos niveles son: inicial, primaria, secundaria, terciaria y, en algunos países, también educación cuaternaria.
La universidad pública, institución educativa de los niveles tres y cuatro, que otorga grados y títulos profesionales, se encuentra en situación económica limitada y está políticamente manoseada por intereses particulares. Ahora existe una amenaza más, por la propuesta populista de ingreso libre reforzada con el bachillerato automático. Esta propuesta viene del parlamento. La Ignorancia y el atrevimiento se juntan.
Como es conocido, los grados académicos son bachillerato, maestría y doctorado. Los niveles educativos dos y tres se relacionan por el bachillerato, vale decir secundaria y universidad; por eso, existe justificada preocupación en elevar la calidad de la secundaria. En los países desarrollados el bachillerato se cumple en secundaria, lo que obliga que este nivel tenga buenas condiciones. El bachillerato, grado que implica la primera investigación científica de los estudiantes, no se reemplaza con ciclo de clases.
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Por ejemplo, en España la secundaria se desarrolla en seis años, los dos últimos años los estudiantes se dividen en dos grupos, un grupo lleva el bachillerato, que al aprobar pueden postular a la Universidad. El otro grupo culmina la secundaria y se preparan en un oficio técnico. Para ingresar a la universidad se da examen, que es nacional, en un mismo día. Evalúan notas del examen de ingreso, investigación del bachillerato y nota promedio de los estudios de secundaria.
Las autoridades en los países desarrollados no tienen la ocurrencia de plantear ingreso libre a la universidad, mucho menos el bachillerato automático, porque conocen que un país ordenado y desarrollado hace lo mejor que se necesita. El orden social y la justicia se empieza respetando la Constitución y las leyes, no atropellándolas. Esto pasa con la homologación de los haberes que, con derecho, reclaman los docentes de las universidades públicas, desde hace muchos años. Gobierno y autoridades de algunas universidades públicas del Perú, están en grave falta por incumplimiento.