El partido político es indispensable para la democracia. Pero desde que aparecieron los partidos de alquiler, ellos se han ido acercando cada vez más al crimen organizado, hasta encarnarlo en algunos casos. Cuando Antonio Zapata dijo la semana pasada que “las mafias han logrado penetrar completamente al Estado”, eso lo han hecho mediante partidos.
También la semana pasada el exprocurador Antonio Maldonado hizo hincapié en la forma en que delincuentes y partidos se dan la mano en el proyecto de impunidad promovido por Perú Libre y aprobado en el pleno del Congreso. PL y los demás votantes a favor son los partidos que nos pedirán el voto en las próximas elecciones.
¿Cómo resolver el problema de los delincuentes disfrazados de políticos? Por lo pronto hay que entender que la cuestión es policial. Ese tipo de sujeto suele tener un prontuario y nexos delictivos, que no aparecen en la banal hoja de vida que se le reclama, y más bien deben ser investigados a profundidad antes de dar el pase a una candidatura.
El argumento de PL es que alojar a activos delincuentes o criminales, incluso en posiciones de importancia, no compromete al partido mismo. No lo “criminaliza”, la nueva palabreja de los amantes de la impunidad. Es para los alojados investigados o acusados que vengan, pero sobre todo para los que ya están allí.
Nótese que el dispositivo de impunidad partidaria se da cuando venimos de una carrera por llegar, de un lado, a los registros del JNE con un membrete partidario nuevo y, de otro, por controlar el sistema electoral que supervisará la actuación de esos partidos. Podría hablarse a estas alturas de una suerte de invasión de lo electoral.
Vemos, pues, que una gran mayoría del Congreso quiere evitarles a los partidos políticos toda culpa posible, mientras que el país está necesitando desesperadamente investigar qué está pasando dentro de los partidos. Sobre todo aquellos partidos que tienen entre sus directivos a notorios infractores de la ley.
Que el proyecto aprobado en el pleno haya sido presentado por un representante de un partido cuyo capitoste está prófugo de la justicia desde hace más de un centenar de días es elocuente. El Perú sobrevive y se ahoga entre esas contradicciones.