Nueva crisis presidencial a la carta, por Augusto Álvarez Rodrich

Los arrestos de ayer crean una nueva crisis en la accidentada presidencia de Dina Boluarte que erosiona más su estabilidad y motiva a unos a plantear su renuncia o a activar la carta democrática desde la OEA, alternativas que, sin desconocer la gravedad de la situación, son inviables o inconvenientes.

La nueva crisis es grave pues llueve sobre mojado: de las muertes en las protestas a las denuncias por ingresos y joyas; fragilidad económica que eleva pobreza, inseguridad; y mella en la siempre baja popularidad presidencial de 16% en enero 2023 a 7% hoy (Datum).

Esta crisis también es grave pues salpica a la presidenta al ocurrir en su entorno (hermano y abogado). Esta columna siempre ha creído que el caso de Nicanor es el más complicado: implica picar al erario para crear un partido, tráfico de influencias en contratos con el estado, y decisiones que dejan verle el fustán a Boluarte como desactivar el equipo policial que la investiga.

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El asunto discurrirá por dos pistas con tiempos y motivaciones diferentes, ambas politizadas. Una es la judicial, con límites constitucionales que dificultan llegar a una acusación final.

La otra pista es del congreso con prerrogativas constitucionales que le permiten detener o soltar la guillotina presidencial rápido y sin argumentación.

Lo cual implica que la decisión principal sigue siendo si el congreso quiere deshacerse de la presidenta Boluarte, y si tiene un plan B por si lo decide. Parece que todavía no, ni lo uno ni lo otro.

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Surgen, entonces, la iniciativa de que Boluarte renuncie. Eso no sucederá pues su mejor alternativa a un acuerdo negociado es sobrevivir en palacio.

La otra es aplicar la CDI, que, como escribió Beto Adrianzén en una nota valiosa y disidente de sus amigos que lo plantearon en un comunicado firmado esta semana por algunas personas muy distinguidas y otras no tanto, que no será respalda en la región salvo por los países viudos de Pedro Castillo —Colombia y México—, pues el Perú no es Guatemala ni Honduras, además de lo insólito e incómodo que resulta llamar a Washington para que resuelva nuestros problemas, especialmente a una OEA desprestigiada que en 2022 ya nos envió una comisión trucha para salvar a su protegido, poco antes de que este se lanzara con su golpe de estado.