Nueva crisis presidencial a la carta, por Augusto Álvarez Rodrich
Escenarios políticos futuros luego de los arrestos de ayer.
Los arrestos de ayer crean una nueva crisis en la accidentada presidencia de Dina Boluarte que erosiona más su estabilidad y motiva a unos a plantear su renuncia o a activar la carta democrática desde la OEA, alternativas que, sin desconocer la gravedad de la situación, son inviables o inconvenientes.
La nueva crisis es grave pues llueve sobre mojado: de las muertes en las protestas a las denuncias por ingresos y joyas; fragilidad económica que eleva pobreza, inseguridad; y mella en la siempre baja popularidad presidencial de 16% en enero 2023 a 7% hoy (Datum).
Esta crisis también es grave pues salpica a la presidenta al ocurrir en su entorno (hermano y abogado). Esta columna siempre ha creído que el caso de Nicanor es el más complicado: implica picar al erario para crear un partido, tráfico de influencias en contratos con el estado, y decisiones que dejan verle el fustán a Boluarte como desactivar el equipo policial que la investiga.
El asunto discurrirá por dos pistas con tiempos y motivaciones diferentes, ambas politizadas. Una es la judicial, con límites constitucionales que dificultan llegar a una acusación final.
La otra pista es del congreso con prerrogativas constitucionales que le permiten detener o soltar la guillotina presidencial rápido y sin argumentación.
Lo cual implica que la decisión principal sigue siendo si el congreso quiere deshacerse de la presidenta Boluarte, y si tiene un plan B por si lo decide. Parece que todavía no, ni lo uno ni lo otro.
Surgen, entonces, la iniciativa de que Boluarte renuncie. Eso no sucederá pues su mejor alternativa a un acuerdo negociado es sobrevivir en palacio.
La otra es aplicar la CDI, que, como escribió Beto Adrianzén en una nota valiosa y disidente de sus amigos que lo plantearon en un comunicado firmado esta semana por algunas personas muy distinguidas y otras no tanto, que no será respalda en la región salvo por los países viudos de Pedro Castillo —Colombia y México—, pues el Perú no es Guatemala ni Honduras, además de lo insólito e incómodo que resulta llamar a Washington para que resuelva nuestros problemas, especialmente a una OEA desprestigiada que en 2022 ya nos envió una comisión trucha para salvar a su protegido, poco antes de que este se lanzara con su golpe de estado.