Inclinación de los gobernadores, por Mirko Lauer
"La regionalización aceleradamente aprobada al inicio del presente siglo ha sido considerada inconclusa y deficiente desde su aparición".
Apoco de instalarse el actual modelo de regionalismo se descubrió una fuerte carestía de cuadros administrativos, expresada en las limitaciones para ejecutar presupuestos. Más adelante empezaron a aparecer ensayos sobre la aparición de élites en algunas de las regiones. Tiempo después se hicieron evidentes algunos problemas con la ley.
La regionalización aceleradamente aprobada al inicio del presente siglo ha sido considerada inconclusa y deficiente desde su aparición. La ejecución de la mayoría de los presupuestos ha mejorado, pero cuesta ver eso como señal de élites en esas zonas. Sí, tal vez, de un acelerado aprendizaje en el manejo de dinero en la política.
Lo que se puso en evidencia fue una intensa inclinación hacia el delito por parte de muchos gobernadores y sus entornos más cercanos. La cantidad de gobernadores regionales presos, investigados, enjuiciados, acusados o prófugos a partir de un momento es espectacular. No hay muchos ensayos buscando la explicación de esto; más bien hay noticias de impacto.
Una primera explicación ha sido que la descentralización no trajo un sistema de fiscalización y control específico para los gobernadores y su gente. Era la proverbial arca abierta. La falta de limitaciones multiplicó las oportunidades de empezar a enriquecerse desde el poder político. Los primeros casos casi no llamaron la atención.
La promoción de gobernadores elegidos en el 2018 es un grupo sorprendente por su capacidad de saltarse las leyes a la garrocha. La ONG Ojo Público informaba en el 2022 que de esos gobernadores “en Junín, Puno, Áncash, Arequipa, Madre de Dios, Huánuco, Tumbes y Ucayali ya no ejercen sus cargos. Algunos figuran con sentencias, cumplen prisión preventiva o están prófugos”.
Pero hay más: “Un total de 21 autoridades regionales actualmente en funciones, entre las que figuran gobernadores encargados, tiene investigaciones en curso en el Ministerio Público, de las cuales el 70% está referido a delitos de corrupción de funcionarios”.
El caso de Wilfredo Oscorima en Ayacucho, que acaba de entrar al candelero central del país, marca una nueva etapa en la evolución de lo regional: la simbiosis de la viveza delictiva en lo público y los negocios personales con una pátina de legalidad. Todo esto en el contexto de una nueva economía criminal.