Despotismo parlamentario, por Rosa María Palacios

En solo 12 horas, el Congreso exhibió el largo brazo de la minería ilegal. En el mismo día se presentó un proyecto de ley, se exoneró de comisiones, se introdujo al Pleno, se aprobó con 78 votos y se exoneró (ilegalmente) de segunda votación. ¿Cuál era el inmenso apuro para generar tremendo consenso? Favorecer el crimen organizado.

La minería informal depreda, no tributa, invade concesiones formales y se asocia al sicariato para hacerlo. Es una lacra social que hace ricos a unos pocos que mueven más dinero que el narcotráfico en exportaciones clandestinas de oro, que se calculan en 4.000 millones de dólares anuales. Por supuesto, siempre habrá una excusa invocando un “problema social”.

El registro de formalización minera tenía que cerrarse el 20 de marzo, después de múltiples prórrogas. Si solo unas 20.000 personas cumplen con los requisitos, pues así será hoy, mañana y siempre. La norma derogada permitía a la Policía Nacional perseguir a los poseedores de explosivos que no tienen registro vigente. Pero el Congreso la derogó para que estos delincuentes sigan entrando a ríos (lo que esta prohibido) y a socavones a meter dinamitazos sin importar si arrasan con todo.

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Ese es el Congreso peruano hoy. Nada lo define mejor que ese acto que moviliza la protesta de gremios empresariales que, con toda razón, no pueden competir libremente cuando se tienen que enfrentar a la economía del hampa. Pero no es el único ejemplo de la primacía de lo ilegal en este despotismo parlamentario que nos toca vivir.

Lo primero que hay que constatar en este asalto a la legalidad es que no hay diferencias ideológicas o partidarias. Perú Libre y Fuerza Popular unidos jamás serán vencidos. En teoría, no me sorprendería nada que la izquierda representada en el Parlamento apruebe cualquier cosa que signifique un atentado contra las libertades económicas. Está en su ADN ser estatistas. Pero ¿Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, APP? ¿No eran aliados de la empresa peruana? ¿No creían en el libre mercado? ¿O no tanto? Pues, parece claro que la única libertad económica que van a proteger es la propia. Sin embargo, vista su conducta política, es menos contradictorio de lo que parece.

No hay libertad sin democracia, ni democracia sin libertad. La forma democrática de gobierno implica aceptar un sistema de poderes autónomos que se contrapesan en un Estado de derecho. Si no tienes eso, jamás vas a tener libre mercado por más amable con la inversión sea el déspota de turno. Tendrás mercantilismo, pero jamás libre mercado. ¿Cuántas veces en el Perú hemos visto a unos supuestos liberales, que dicen serlo solo en lo económico, darse con la puerta en la cara porque creen que pueden sacrificar los derechos fundamentales o la democracia? Una vez más, la minería ilegal y su extendida organización criminal les da la lección. Sin Estado de derecho, no hay libertades económicas. Son dos caras de la misma moneda.

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Desde que este Congreso inhabilitó sin causa a Zoraida Ávalos, en un canje de votos por impunidad con Patricia Benavides que hoy está bajó investigación penal, quedó claro que están dispuestos a instalar el despotismo parlamentario (ese que tanto temía Enrique Chirinos Soto en los debates de la Constitución de 1993) arrasando con toda la institucionalidad democrática.

Tenemos un Tribunal Constitucional que prevarica desde hace meses, a vista y paciencia de todo el país. Un defensor del Pueblo que solo sirve para hacer los mandados del Congreso, como se demostró esta semana con la JNJ. Un presidente del Congreso que amenaza con la cárcel a toda la sobreviviente JNJ, pero se declara en desacato si la autoridad judicial se atreve a ordenar el allanamiento de la oficina de un congresista imputado por graves delitos.

Mientras tanto, las cosas se sinceran. “¿Quién no ha cometido irregularidades?”, gritaba el congresista Martínez en el debate parlamentario, en cerrada defensa de la congresista María Cordero, aquella que escuchamos extorsionar y gritar a su trabajador para ir al banco a que le entregue buena parte de su sueldo. En una primera votación, Cordero se salvó de ser procesada por el delito de concusión. ¿Por qué? Porque eso es el Congreso. Su lema es: ¡Esto es un asalto! Y la mayoría aplaude. ¿Son todos? No. ¿Son la mayoría? Sí, y a la votación me remito. Luego del escándalo público y raspando acordaron suspenderla, pero no inhabilitarla, pese a que el trabajador puede probar que fue obligado a entregar 80.000 soles a esta sinvergüenza que sabía qué si lo botaba, se quedaba sin el seguro médico que necesitaba desesperadamente para un familiar enfermo.

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¿En qué se diferencia este Congreso de un acopiador de oro ilegal? En nada, pues. Por eso pueden actuar al margen de la ley como modo de vida. Por eso inhabilitan por 10 años a Inés Tello, una magistrada de 78 años con una hoja de servicios impecable, o a Aldo Vásquez, un académico del derecho, cuyo único cargo público anterior fue ser ministro de Justicia. Los persiguen para poder controlar el sistema de justicia y el sistema electoral, como hemos explicado tantas veces aquí, en un asalto más para perpetuarse en el poder y exonerarse de los múltiples crímenes que han cometido y siguen cometiendo en el ejercicio abusivo del poder.

Esto, por supuesto, no es todo, Renovación Popular y Fuerza Popular tienen bajo su protección miniturbas clandestinas dedicadas al acoso político callejero y sistemático. Sus vínculos están bastante documentados en militancias marginales, fotografías entusiastas y financiamiento encubierto. Todo el ecosistema de ‘La Pestilencia’ y sus células no suman ni 50 personas, pero cuentan con gran protección policial y municipal para invadir Miraflores y San Isidro, buscando amedrentar políticos, periodistas y organizaciones de defensa de derechos humanos. Sus intereses se alinean con la patronal. Atacan sedes del sistema electoral y del sistema de justicia. Su actual defensa de la procesada y suspendida Patricia Benavides se orienta también a los intereses de varios lideres apristas. Siendo yo una de sus víctimas (seis ataques en el último año), observo de cerca sus métodos y sus caras. Una mezcla de bufalería y hambre. De lo que están absolutamente seguros es que se les va a pagar con creces y que no les va a pasar nada.

Tenemos 24 meses por delante, durísimos. La presidenta Boluarte es un títere de estas fuerzas criminales frente a las que no puede, ni quiere, hacer nada. Le mancharon las manos de sangre (y ella lo ordenó así) para hacerla su esclava y eso ya lo consiguieron. Seguirá ahí mientras sea útil. No gobernó con Otárola, tampoco lo hace ahora. Son otros los que, en un pacto de facto, reparten y se reparten el país desde el Congreso. Todas las fuerzas políticas ahí representadas son culpables. ¿Volverán a votar por ellas? #PorEstosNO.