¿Pacto de corruptos, bis?, por Diego García-Sayán

El desastre institucional, político y moral se agudiza. Entre los incesantes estropicios del Congreso a la institucionalidad, y la dejadez gubernamental, el Perú se encuentra no solo en crisis y con su crecimiento económico potencial seriamente deteriorado. Además de lo anterior, el impacto negativo en su reputación internacional está por los suelos. Así, otra vez, se observa el espacio del atropello desde el poder a las instituciones democráticas.

Dentro de un nuevo, acelerado y sistemático proceso de demolición democrática, el último zarpazo del Congreso: la intervención y desmantelamiento de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Como si todo lo anterior fuera poco, “sobre piedras, palos”.

“Inhabilitación” irregular

La decisión del Congreso contra la Junta Nacional de Justicia que violó la Constitución (votaron por la inhabilitación quienes estaban impedidos) es su última “perla”. Del mismo Congreso, sí, cuyos miembros pactaron bajo la mesa, con la exfiscal de la Nación, su propia inmunidad, que no se les investigue. Eso a cambio de “dejarle pasar” a esa fiscal hechos muy graves como favorecimiento personal y de su hermana.

Inhabilitar, como se hizo, a los integrantes de la JNJ, es algo claramente violatorio de los estándares internacionales vigentes. Que son con los que se debe responder al mundo. Lamentable momento que guarda “decidoras” analogías. Una: cuando en el fujimorato se quiso desmantelar el Tribunal Constitucional.

El “pacto de los corruptos”

Esto guarda cruda semejanza hoy con el proceso de destrucción democrática e institucional que sufrió Guatemala con su propio “pacto de los corruptos”, vigente hasta hace pocas semanas. Es un caso que se debe analizar con detalle dadas las preocupantes analogías con la conducta de las principales corrientes que controlan el Congreso peruano.

Teniendo como telón de fondo los estándares y obligaciones contenidos en la Carta Democrática Interamericana y otras obligaciones internacionales, el “pacto de los corruptos” en Guatemala no se cayó sino que fue desbaratado. Tuvieron el papel protagónico, en ello, la gente de Guatemala y la comunidad internacional. Los valores y principios de democracia y transparencia, después de años, se impusieron y le pusieron fin a ese tinglado.

Las élites políticas del “pacto”, la autoritaria fiscal general y corruptos/as integrantes del Congreso guatemalteco batallaron por sus propios intereses hasta el final. Intentaron, por ejemplo, trabar la emisión de los resultados electorales. Luego, impedir a toda costa la toma de posesión del presidente Arévalo, elegido en enero 2024.

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Pero fracasaron y ese “pacto de los corruptos” ha perdido sustancialmente poder y está desbaratado.

¿De qué se trata?

Cuando sufrimos lo que está pasando en el Perú se trata esencialmente de corrupción y control autoritario de las instituciones del Estado para que unos pocos se beneficien individualmente. El desmantelamiento de la Junta Nacional de Justicia por el Congreso es solo la expresión más reciente –y brutal– del proceso para poner al Estado al servicio de intereses individuales, criminales y antidemocráticos.

Asuntos, pues, que conciernen no solo a jueces, abogados o “políticos”. Concierne a toda la ciudadanía. Pues el país en su conjunto viene sufriendo hace ya un tiempo las consecuencias. El pacto entre los grupos y personajes que dominan el Congreso y actúan para su propio beneficio también apunta a meterle su zarpazo al sistema electoral independiente.

Así, el Congreso emprende, con cualquier pretexto sin sustento, una absurda “investigación” contra un magistrado íntegro, como Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Sistema electoral que es el único eslabón de las instituciones democráticas en el Perú que no está “jalado” según el estudio Democracy Index de The Economist.

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Fin del “pacto”

Situación parecida a la “límite” que hoy jaquea al Perú, fue el conocido “pacto de los corruptos” que afectó a Guatemala hasta tiempo reciente. Felizmente está llegando a su fin. Pero es una útil experiencia a analizar y considerar para acabar con el “pacto de los corruptos” peruviano que hoy nos asola con impunidad.

Para el fin del “pacto” guatemalteco convergieron dos componentes fundamentales.

De un lado, una intensa dinámica de movilización popular y social orientada a poner fin a la situación antidemocrática y exigir que se respetara el resultado electoral. En él resultó electo presidente Bernardo Arévalo, líder anticorrupción, quien obtuvo un triunfo aplastante en la contienda presidencial.

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Por otro lado, una comunidad internacional activa. Que seguía la evolución de los acontecimientos en Guatemala y acabó siendo protagónica en la afirmación de principios democráticos internacionales vigentes, incluidos, entre otros, los de la fundamental Carta Democrática Interamericana.

Paso crucial, coherente con los principios de la Carta, fue el que dio el Gobierno de Estados Unidos: canceló –o no renovó– la visa de cerca de 300 ciudadanos de Guatemala, entre ellos, más de un centenar de congresistas y varios empresarios por “socavar la democracia”. Fue esta medida un componente esencial del fin del “pacto de los corruptos”.

¿Ocurrirá eso en el Perú? Dependerá del análisis y de lo que haga el Gobierno estadounidense. Pero… ¿no se “sienten pasos” en la plaza Bolívar?

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No habrá impunidad

Quienes creen que en el Perú habrá impunidad para seguir haciendo trizas, impunemente, el Estado de derecho, la independencia judicial y las instituciones, se equivocan totalmente. La comunidad internacional empieza a moverse. Y en su momento lo hará también la sociedad nacional. El contexto es claro: el mundo reacciona con energía cuando de evidente destrucción democrática se trata. Como se hizo en tiempos recientes en Guatemala.

O en varios países “insospechables” de afectar la democracia: por ejemplo, Polonia, donde avanzó el autoritarismo gubernamental en materia judicial en años recientes. Involución democrática que le acabó costando al país varias decenas de millones de euros que la Unión Europea retuvo y no le entregó al Gobierno de Varsovia. Desde que cambió el Gobierno polaco en diciembre del 2023 y asumió como ministro de justicia Adam Bodnar, exdefensor del Pueblo y reconocido demócrata, las cosas recién se normalizaron. La razón: estaba en marcha la recuperación de la independencia de la justicia.

En el caso del Perú, el proceso recién parece comenzar. Ya están organizándose las misiones internacionales para analizar y evaluar las evidentes amenazas y ataques a la independencia judicial y a las obligaciones internacionales existentes en esa materia. Por ejemplo, se prepara una importante misión al Perú de la organización Due Process for Law Foundation (DPLF), con sede en Washington. Se anuncia que en sus visitas evaluará las amenazas a la independencia judicial existentes en el Perú.

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Debería recibir esa misión internacional la atención debida en el Perú por las instituciones democráticas nacionales y por la comunidad. Sus conclusiones y recomendaciones, por su lado, serán materia de atención –y acción– por la comunidad internacional en su conjunto, que esperará pasos concretos para afirmar la independencia de las instituciones judiciales y que se salga del “intervencionismo” politizado hoy dominante en el Congreso.