Ocupación colonial y terrorismo, por Diego García Sayán

Este 2024 se cumplen 56 años del inicio de la ocupación israelí de territorios palestinos luego de la guerra de 1967 contra sus vecinos. Israel tomó territorios que nunca devolvió, factor determinante de la prolongada tensión entre israelíes y palestinos.

La situación es grave y constituye una persistente “olla de presión” en la zona, siendo un serio foco de tensión que se prolonga ya por casi seis décadas. Es antihistórico, por eso, que se pretenda que la violencia en la zona empezó con la criminal e injustificable acción de Hamás del 7 de octubre, hace escasos cuatro meses. Sin dejar de ser criminal e inexcusable, la verdad histórica es que la violencia se había desatado hace décadas.

Esta violencia continúa, con base en el despojo del 67, por la acción de los llamados “colonos” israelíes. Los hechos hablan por sí solos. Desde el 7 de octubre se han producido casi 500 ataques de colonos israelíes contra palestinos, según la Oficina de Ayuda Humanitaria de la ONU (OCHA), en Cisjordania. En esos ataques han matado al menos a ocho palestinos, entre ellos un niño, y han herido a más de 115, de acuerdo a la OCHA.

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Colonos: actos de terrorismo

La semana pasada el Gobierno de Estados Unidos condenó la conducta sistemáticamente violenta de los llamados “colonos” israelíes. Muy fuerte y contundente la “orden ejecutiva” del presidente Biden, sin ambigüedades ni medias tintas. Apunta a actos que suponen “un riesgo significativo de cometer o haber participado en adiestramiento para cometer actos de terrorismo”.

La calificación “terroristas” no está no como una adjetivación banal lanzada al aire, sino como calificación jurídica precisa: “… un acto violento o un acto peligroso para la vida humana, la propiedad o la infraestructura” que “parece tener como objetivo…: (A) intimidar o coaccionar a una población civil; (B) influir en la política de un Gobierno mediante intimidación o coerción; o (C) afectar la conducta de un Gobierno mediante destrucción masiva, asesinato, secuestro o toma de rehenes”.

La más larga ocupación colonial contemporánea

Cuando Israel ocupó “temporalmente” (1967) territorios palestinos (Cisjordania y Gaza) y los altos del Golán, lo hizo para quedarse. No acató, en las décadas que siguieron, ninguna de las numerosas resoluciones adoptadas desde 1967 en la Asamblea General o en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por ejemplo, la resolución 242/1967 de noviembre de 1967, que dispuso el “retiro de las fuerzas armadas israelíes de los territorios que ocuparon durante el reciente conflicto”.

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En los años que siguieron se fue reiterando la decisión global de terminar esa ocupación violatoria del derecho internacional con resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad. Desde la primera decisión, el Perú y la mayoría de países latinoamericanos votaron a favor de esas resoluciones.

Nada cambió. Bajo el eufemismo de “colonos”, se siguió sometiendo opresiva y violentamente a los territorios palestinos (especialmente en la Cisjordania ocupada), generando situaciones de virtual apartheid contra la población palestina local. Uno de los mayores y más impunes espacios de violación masiva de los derechos humanos.

Se trata, en fin, de la ocupación territorial de más extensión temporal en los siglos XX y lo que va del XXI.

Los sucesivos Gobiernos israelíes, particularmente el de Netanyahu, han impulsado y promovido la expansión y ocupación ilegal en esos territorios, que se han convertido en una fuente extendida y sistemática de abusos, opresión y violencia contra los palestinos en Cisjordania.

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La orden ejecutiva de Biden

La orden ejecutiva de Biden es un paso importante que, acaso, se explica en parte porque sectores que teóricamente constituyen una “base electoral” de Biden, vienen cuestionando crecientemente el respaldo de Washington a la acción militar israelí en Gaza.

Pero el hecho es que, a raíz de la medida, el Departamento de Estado de los EEUU dio a conocer los nombres y apellidos de cuatro israelíes sindicados de perpetrar directamente actos de violencia o intimidación en Cisjordania, como los de iniciar y dirigir disturbios; incendiar edificios, campos y vehículos; agredir a civiles y dañar propiedades.

Estarían englobados esos actos dentro de la definición de terrorismo que se incluye en la orden ejecutiva para estos casos. Se han bloqueado los activos financieros y se prohíbe entrar a EEUU a David Chai Chasdai, Einan Tanjil, Shalom Zicherman y Yinon Levi.

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Más allá de esta medida, es evidente que lo crucial sería, por cierto, si EEUU restringiera la masiva ayuda militar a Israel, que ya mató a más de 27 mil palestinos, o admitir EEUU que el Consejo de Seguridad resolviera a favor de un cese del fuego.

Justicia internacional en acción

Los derechos de los palestinos se han ubicado recientemente entre las prioridades de la justicia internacional. Si bien algo de esto se ha expresado ahora en la orden ejecutiva, per se es insuficiente, pues de momento solo cuatro “colonos” han sido sancionados.

Sin embargo, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó a Israel alimentar y proporcionar atención médica a las víctimas en Gaza, cesar las declaraciones públicas de apología del genocidio, preservar las pruebas del genocidio y detener la violencia contra civiles palestinos. La CIJ estableció, también, sin ambigüedad alguna, el “derecho de los palestinos de Gaza a ser protegidos de actos de genocidio y actos prohibidos relacionados identificados en el Artículo III, y el derecho de Sudáfrica a buscar el cumplimiento por parte de Israel de las obligaciones de este último en virtud de la Convención”.

A EEUU le correspondería respaldar estas decisiones de la CIJ, en concordancia con la orden ejecutiva.