Reportan presunto explosivo en Miraflores

Israel en la Corte Internacional de Justicia, por Diego García-Sayán

“La destrucción en Gaza no le está siendo indiferente al mundo. Algo fundamental se ha producido”.

Como se sabe, después del terrible ataque de Hamás del 7 de octubre, Gaza ha sido objeto de devastadoras ofensivas israelíes contra su población y su infraestructura civil. El número de muertos supera ya los 23.000 —la mayoría mujeres y niños—, más de 7.000 gazatíes desaparecidos, 55.000 heridos y más de 1,9 millones de desplazados internos.

Esto tiene ya impacto mundial y dentro del propio Estados Unidos. Son crecientes las protestas en universidades estadounidenses contra Israel y contra el Gobierno de Biden, que solventa y respalda esa destructiva acción militar. Tema polémico que tendrá consecuencias, seguro, en las elecciones presidenciales de noviembre.

La destrucción en Gaza no le está siendo indiferente al mundo. Algo fundamental se ha producido.Este mes de enero, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) tendrá que empezar a examinar la acusación oficial, de 84 páginas, con ocho alegaciones, presentada por Sudáfrica al tribunal el 29 de diciembre contra Israel por violación a la Convención de Naciones Unidas sobre genocidio.

Apoyan a Sudáfrica prestigiosos juristas internacionales. Entre otros, el profesor estadounidense Francis Boyle, quien en el pasado impulsó con éxito ante la CIJ la causa de genocidio en Bosnia Herzegovina, que fue resuelta medularmente por la Corte.

En sus alegaciones, la comunicación sudafricana refiere que “los actos y omisiones de Israel... son de carácter genocida, ya que se cometen con la intención específica requerida... de destruir a los palestinos de Gaza”. Sudáfrica presentó ocho alegaciones sobre lo que viene ocurriendo en Gaza: 

1.- Matanza de palestinos, incluyendo casos “de ejecución sumaria”;

2.-  Causar graves daños a los palestinos, incluidas mutilaciones, traumas psicológicos y tratos inhumanos y degradantes;

3.- Evacuación forzosa y el desplazamiento de aproximadamente el 85% de los palestinos de Gaza;

4.- Causar hambre, inanición y deshidratación generalizados a los asediados;

5.- No proporcionar y restringir el suministro de ropa, refugio, higiene y saneamiento;

6.- No proporcionar o garantizar la prestación de atención médica mediante ataques directos a hospitales y personal médico;

7.- Destruir la infraestructura, escuelas, universidades, tribunales, edificios públicos y todas las instalaciones indispensables;

8.-  Imponer medidas destinadas a impedir los nacimientos palestinos en Gaza.

Hay señales que Israel se estaría tomando en serio la denuncia de Sudáfrica. Su Ministerio de Relaciones Exteriores habría dado instrucciones a sus diplomáticos para gestionar, en los países en los que estén acreditados, “(…) una declaración pública inmediata e inequívoca en el sentido… que su país rechaza” estas acusaciones. 

La gravedad de los hechos y la seriedad de la acusación apunta a que tendrá derivaciones de fondo. El jurista Boyle, por ejemplo, ha expresado públicamente que los EEUU podrían ser sindicados de “complicidad” con base en el art. 3 de la Convención sobre genocidio. Juristas del propio Israel también opinan. El profesor Eliav Lieblich, experto en derecho internacional de la Universidad de Tel Aviv, ha resaltado que “(…) la Corte Internacional de Justicia, que deriva sus poderes de un tratado al que Israel se adhirió, (...) no puede rechazar la petición”. 

En lo inmediato, existe la posibilidad de que la Corte atienda la solicitud de “medidas provisionales” para “proteger de nuevos, graves e irreparables daños a los derechos del pueblo palestino en virtud de la Convención sobre el Genocidio”.  Y disponer, entre otros puntos, que Israel “suspenda inmediatamente sus operaciones militares en y en contra de Gaza”.

Las audiencias públicas al respecto tienen lugar esta misma semana, 11 y 12 de enero, en La Haya. 

Otros Estados partes en la Convención pueden sumarse al caso con “Declaraciones de Intervención” ante la CIJ. Podría tener relevancia un apoyo de los Estados  latinoamericanos —decisivos cuando se votó la creación de Israel en 1948— a la solicitud de Sudáfrica. Esto tendría que ser estudiado en cada una de las cancillerías. Naturalmente, aquellas pocas que se han apartado del derecho internacional, aplicando sentencias de tribunales internacionales, debieran quedar fuera.

larepublica.pe
Diego García Sayán

Atando cabos

Abogado y Magister en derecho. Ha sido ministro de Relaciones Exteriores (2001- 2002) y de Justicia (2000- 2001). También presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue Relator Especial de la ONU sobre Independencia de Jueces y Abogados hasta diciembre de 2022. Autor de varios libros sobre asuntos jurídicos y relaciones internacionales.