El periodismo no se libra de la polarización creciente en el Perú, algo que, sin embargo, podría abrir debates que ayuden a mejorar la calidad del oficio para beneficio de la ciudadanía.
El debate actual es sobre el testimonio a la fiscalía de Jaime Villanueva que alborota la política y, también, a medios enfrascados en una lucha más vinculada al activismo que al periodismo.
Y que se ocupa del asunto complejo, que se mueve por áreas grises, de la relación de la prensa con sus fuentes, algo que está en el corazón de la misión del periodismo: búsqueda de la verdad.
Se requiere cultivar relaciones con fuentes creíbles y valiosas, siempre interesadas, aun al riesgo para el periodismo de un nexo tan cercano que ya no te alumbre, sino que te queme.
PUEDES VER: Lentos y furiosos, por Miguel Palomino
No es tarea sencilla. Una fuente que ofrece primicias valiosas y oportunas ayuda mucho —si son debidamente corroboradas— a desenmarañar asuntos complejos que la ciudadanía debe conocer, y distingue al buen periodismo, pero al riesgo de que el periodista se convierta no solo en simple trasmisor de la noticia que le pasa la fuente, sino en su defensor acérrimo, protegiéndolo de críticas que podrían ser legítimas.
Más allá de las versiones por corroborar de Villanueva, esto es lo que ha estado en juego en las relaciones de los últimos años entre el periodismo y la fiscalía en casos de corrupción como ‘lavajato’ o ‘cuellos blancos’.
Además de plantear mal sus casos, algunos fiscales anticorrupción han cometido arbitrariedades clamorosas como pedidos de allanamiento, prisiones preventivas y embargos, o divulgación y filtración de expedientes con criterios selectivos que han generado sospecha fundada de su objetivo político, contando con el beneplácito de un sector del periodismo ya sea porque veían un efecto político que creían bueno para el país; por su adicción a las primicias de la fuente; o porque se involucraron tanto que lideraron el equipo.
Hay quienes ven en eso un delito del periodista que la fiscalía debe investigar, pero hay quienes pensamos que la infracción sería, en todo caso, de los magistrados que se politizaron o aceptaron presiones de sus guías o de quien fuere, incluso de periodistas que podrían haber cometido incorrecciones al oficio y éticas, pero no crímenes.