¿Quién fiscaliza a los fiscalizadores?, por Santiago Dammert
"La regulación de la actividad comercial o la seguridad pública no faculta a ninguna autoridad a golpear o humillar a nadie, o a afectar los derechos protegidos por nuestra Constitución. Que las municipalidades no lo tengan claro es, por decir lo menos, preocupante."
Cada día presenciamos nuevos abusos en manos de personal de fiscalización de distintos distritos de Lima y Callao. La semana pasada, un grupo de fiscalizadores del distrito de Surquillo fue capturado en video atacando a un vendedor ambulante. Al ver la injusticia siendo cometida, los vecinos salieron a defender al joven, y acabaron siendo atacados a golpes por el personal de la Municipalidad. Esta semana, emergió otro video en redes sociales, donde se ve a un fiscalizador de la Municipalidad de San Borja agrediendo a una anciana que vendía dulces, empujándola y tirando su mercadería por los suelos.
Estos son tan solo dos ejemplos de las frecuentes agresiones que desde que tengo uso de razón cometen fiscalizadores y miembros del serenazgo. Entre ambos se han convertido en la fuerza de choque de las municipalidades frente al uso del espacio público o simplemente para la demostración arbitraria de poder. El robo de mercadería y el abuso físico y psicológico a vendedores ambulantes es una constante. Sin embargo, el tema va más allá: con la excusa de mantener el orden público se cometen innumerables violaciones a nuestros derechos.
La regulación de la actividad comercial o la seguridad pública no faculta a ninguna autoridad a golpear o humillar a nadie, o a afectar los derechos protegidos por nuestra Constitución. Que las municipalidades no lo tengan claro es, por decir lo menos, preocupante. Pareciera que se empeñan en contratar a los personajes más sádicos para los roles que tienen el contacto más cercano con el ciudadano, cuando justamente son estos perfiles que debieran tener un estricto filtro psicológico y un entrenamiento especial para asegurar que conozcan (y estén en capacidad de cumplir) sus obligaciones dentro de la ley.
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No ayuda que cada uno de los distritos de Lima y Callao aplica lineamientos diferentes en cuanto al comportamiento de su personal de seguridad. Cada una hace lo que quiere, y mientras más opuesta la gestión hacia el uso de los espacios públicos, más casos de hostilidad hacia la ciudadanía parece haber.