Cultura de la violación, por Lucia Solis

Cuando el eslogan "Perú, país de violadores," surgió en 2017 en redes sociales con el propósito de condensar la cultura machista y misógina que señala a las mujeres y personas de la diversidad sexual y de género como las culpables de los abusos sexuales en su contra, la arremetida de muchos hombres ofendidos y enfurecidos no se hizo esperar. Así como tampoco lo hizo la reacción desproporcionada de la Comisión de Ética del Congreso que, en noviembre de ese año, decidió abrir una investigación contra las excongresistas Huilca y Glave por adherirse a la frase.

No quedó claro entonces y, por la reciente actuación de la Corte Suprema, mucho menos ahora, que aquella consigna no buscaba atacar a un grupo específico de hombres; o al menos no solo a ellos, sino posicionar a la llamada cultura de la violación como un sistema normalizado, validado y promovido por el propio Estado peruano. Porque plantear la reducción de condena a personas sentenciadas por violación sexual si estas tienen hijos y/o hijas con las víctimas de forma previa al ataque o como producto de este es, en esencia y forma, una manera de castigar a las partes afectadas, premiar a quienes violan y reducir el abuso sexual a una cuestión íntima, de pareja; todo bajo el supuesto del "interés superior del niño."

Cultura de la violación es aquello que sucede y se extiende, según plantea la periodista Julia F. Cárdenas, más allá del dualismo víctima-violador. Es ese chiste que compartes en el grupo de tus amigos en WhatsApp que se mofa de una violación o incita "en broma" a cometer una. Es "jugar" a enviarse fotos privadas de mujeres sin su consentimiento. Es creer que "ella se lo buscó" o "se expuso" por estar borracha, salir sola o vestir cierto tipo de ropa. Es minimizar las denuncias porque el acusado es tu amigo y a ti nunca te hizo nada, o porque se les puede "arruinar" la vida (aun cuando los casos más mediáticos demuestran que no es así). Es, como hizo la Corte Suprema del país, colocar a los acusados por violación encima de la integridad, bienestar físico, mental y emocional de las denunciantes; así como del derecho de infancias y adolescencias a crecer en entornos libres de violencias.

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Y aunque la Corte haya retrocedido y dejado sin efecto este criterio al poco tiempo de haberlo emitido debido únicamente a la masiva condena que recibió, queda claro qué defienden y sobre qué base deciden. Ninguna de ellas involucra a las verdaderas víctimas: las mujeres, personas de la diversidad sexual y de género, infancias y adolescencias. Sabemos, además, que hay jueces y juezas que no necesitan de este tipo de lineamientos para emitir sentencias injustas, desprovistas de enfoque de género, apelando a la revictimización, y sin tener en cuenta la complejidad de cada caso y el contexto en el que suceden. Por eso es necesario transformar el sistema entero.

Ahora bien, ni cadenas perpetuas ni décadas de encarcelamiento servirán (de hecho, desde los feminismos antipunitivistas se plantea vías alternativas para la reparación de las víctimas) sin inversión y planificación estratégica para la prevención de las violencias machistas. No se trata, o no debería tratarse, de castigar, sino de trabajar para que los hombres (estadísticamente los principales perpetradores de abusos sexuales) reconozcan, entiendan y respeten la autonomía de las mujeres y personas de la diversidad sexual y de género colocando el consentimiento al centro.

"Perú, país de violadores," resurge cada tanto en redes sociales, pero en la vida cotidiana y tangible es omnipresente y se consolida cada vez que se minimizan las violencias de género; y cada vez que las víctimas reales son representadas como seres dependientes, examinadas como las sospechosas por cualquier tipo de decisión relacionada con su vida sentimental, sexual o de cualquier ámbito.