Fujimori debió salir, pero no así, por Augusto Álvarez Rodrich
Otro fracaso más de la institucionalidad peruana.
La excarcelación de Alberto Fujimori constituye una expresión más de la decadencia de la institucionalidad peruana por su incapacidad para estructurar una decisión correcta, pero alineada al derecho, lo cual la ensombrece y deja más problemas que soluciones.
Sobre lo primero: la conveniencia de la liberación de Fujimori del penal presidencial del fundo Barbadillo. Es un asunto en el que puede haber —por las motivaciones particulares de cada persona— puntos de vista discrepantes.
Por un lado, los que consideran que Fujimori debe morir en la cárcel por los delitos que cometió y por los que fue condenado a 25 años de prisión.
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Esta columna, como ya lo ha comentado hace varios meses, piensa distinto: que, a los 85 años, en estado evidente de deterioro de su salud, tanto por su edad como porque la cárcel erosiona la estabilidad de una persona, y habiendo cumplido una estadía penitenciaria de más de dos tercios de la condena, Fujimori debía ser liberado.
Es lo que corresponde por razones de humanidad y hasta políticas. Es lo que debe hacer una sociedad civilizada hasta con quienes no tuvieron esa consideración al momento de delinquir. Muchos de los que señalan que es una prisión VIP no saben lo que es la cárcel y nunca han ido por ahí.
El problema del Perú es que la mayoría de opinantes del acontecer accidentado de un país que intenta parecer república, pero que más parece juerga inacabable, tiene un doble estándar al evaluar lo que sucede o no ocurre, siendo crucial de quién se trata. Esta columna intenta siempre alejarse de eso.
Lo segundo es la manera como se liberó a Fujimori, pareciendo claro que la decisión del TC es un indulto por la puerta falsa, que incumple una sentencia de la Corte IDH, y que el gobierno avala, dejando en claro que el Perú cumple los tratados internacionales en cada caso, según lo que convenga.
En resumen: Alberto Fujimori debió salir de la cárcel, pero cumpliendo las condiciones establecidas para que un indulto humanitario que a todas luces corresponde se realice en correspondencia con un cumplimiento riguroso del marco jurídico, lo que lamentablemente no ha sucedido. Otro fracaso de una institucionalidad incapaz de hacer las cosas como se deben hacer.