Inti y Bryan, buscando justicia

Se han cumplido tres años desde que las balas y perdigones acabaron con las vidas de dos jóvenes en las protestas callejeras contra el impuesto gobierno de Manuel Merino y la instauración de un régimen autoritario, que quiso consolidarse a base de la violencia y los excesos policiales.

Inti Sotelo y Bryan Pintado fallecieron en circunstancias que aún no terminan de establecerse. Las órdenes impartidas desde el poder y la sospecha de que pudo tratarse de crímenes alentados por la autoridad para sofocar la cada vez más masiva presencia de jóvenes en las calles no han sido develadas como corresponde.

Junto con ellos, otras 80 personas aún muestran las secuelas de la violencia policial y el uso excesivo de la fuerza durante las jornadas de movilización en las plazas públicas de todo el país. La brevedad del mandato de Merino y la salida constitucional que logró el Congreso no lo eximen de rendir cuentas sobre la muerte de estos jóvenes y de las decenas de heridos. Sin embargo, mediante una moción de la coalición autoritaria que gobierna, ha obtenido la patente de corso para que no lo incluyan en el proceso, debido al blindaje que le han otorgado.

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Esta semana será de conmemoración de estas pérdidas de vidas humanas, a las que se sumarán también las víctimas y familiares de la violencia de diciembre del 2022 y los tres primeros meses del 2023. Se realizarán vigilias y plantones en demanda de justicia y del fin de la impunidad.

Hay un estrecho vínculo entre las muertes del 2020 y los 49 fallecidos en el Gobierno de Dina Boluarte. Se trata de la respuesta excesiva de las fuerzas policiales con apoyo de tropas de las Fuerzas Armadas contra población civil desarmada en un claro ejercicio de su derecho a la protesta reconocido por la Constitución.

En todos estos casos también es común la retardada acción de la justicia que hace hasta lo imposible por aletargar las investigaciones, mostrar nula iniciativa y debilitarse ante el poder.

Esta situación es la que hace que desde escenarios internacionales y también desde colectivos y organizaciones de la sociedad civil se demande una acción más efectiva de la justicia para determinar a los responsables políticos y a quienes actuaron en abierta violación de las normas de control de las protestas y de los derechos humanos.