De la inteligencia artificial se ha hablado mucho, pero no en vano. Riesgos asociados a la creación de armas biológicas, ataques de ciberseguridad automatizados y la potencial falta de control sobre modelos enteros son algunos de los mencionados en un reporte sobre el estado de la cuestión de las capacidades y riesgos de la IA publicado por el Departamento de Ciencia, Innovación y Tecnología del Gobierno británico.
Sin embargo, el panorama no es del todo desolador. Los avances en este campo también están abriendo espacios más prometedores, principalmente en lo que respecta al acceso de evidencia científica, la elaboración de políticas públicas y el rol que los asesores de políticas públicas desempeñan.
Aunque esta no sea la primera idea que se nos viene a la mente, los asesores de política juegan el papel de agentes de conocimiento, pues su responsabilidad es acercar la evidencia a los tomadores de decisiones. El reto, sin embargo, reside en recopilar, sintetizar y comunicar efectivamente una cantidad ingente de información proveniente de artículos científicos, reportes y casos de estudio.
Al respecto, la revista científica Nature esgrimió argumentos a favor del uso de la IA en estos procesos en un artículo publicado recientemente. Por un lado, plataformas basadas en estas tecnologías pueden ayudar en la elaboración de revisiones sistemáticas y síntesis temáticas a través de la automatización de procesos de búsqueda, selección y extracción de datos y, por el otro, hacer más accesible esta información a través de resúmenes de políticas.
Definitivamente, estas herramientas pueden significar una siguiente etapa en la forma en cómo utilizamos la evidencia para elaborar políticas públicas, solo nos falta encontrar los métodos que permitan el desarrollo de repositorios de evidencia viva que no socaven el rigor o produzcan productos que respondan a agendas particulares y, por su puesto, a quienes impulsen esta agenda de forma responsable.