Hasta el 2026 y más allá, por Hernán Chaparro

(*) Psicólogo Social, Facultad de Comunicación, Universidad de Lima

“¡Hasta el infinito y más allá!”, la emblemática frase de Buzz Lightyear, el cándido personaje de Toy Story, suele ser descrita y entendida como una forma de plantear un reto más allá de los límites que tenemos que creer. Un lema que invita a lanzarse a una aventura confiando más en las propias capacidades, y en la bondad del motivo, que en las situaciones que se enfrentarán.  Nuestro modesto “¡Sí se puede!” se presenta constreñido y de poca ambición frente a tamaña invitación donde el espacio y el tiempo quedan avasallados por el entusiasmo del proponente y la bondad de sus intenciones. Muchos hemos sonreído y compartido buenos momentos con esa ocurrencia.

Pero ese es el mundo de la fantasía y de los buenos deseos. Por estos lares, ejerciendo el oficio de la interpretación auténtica, el Congreso y el Ejecutivo han redefinido el sentido de la frase. Poco a poco han ido develando lo que su situación o posibilidades jurídicas demandan: la necesidad de controlar el mayor número posible de instituciones del Estado, no solo para llegar hasta el 2026, como equivocadamente afirmábamos hasta hace poco, sino para controlar lo que ocurra más allá de las elecciones.

Importa el recorrido y el desenlace del 2026, pero también cómo quede el Congreso elegido, el Poder Judicial, la Fiscalía, los entes vinculados al sistema electoral luego de esa fecha. No es solo durar o ganar. ¡Son los juicios, idiota!, dirá alguien por ahí.

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En lo que resta para las próximas elecciones, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo se seguirá maniobrando para que cada uno pueda avanzar en sus particulares intereses. Pero puede que el tiempo quede corto, en especial para la presidenta Boluarte y el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. Por ahí la Fiscalía no logra ayudarlos todo lo que quisieran. Por ahí, en el Congreso evalúan que ya no los necesitan.

En ese sentido, lo que viene ocurriendo con relación a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) pone en evidencia que puede haber mucha torpeza para presentar una propuesta de investigación con tan pobres argumentos, pero poca candidez o buenas intenciones.  Es obvio que la propuesta apunta a beneficiar a quienes no están interesados en ganarse legítimamente el apoyo de la población.

Buena parte de los grupos que están en el Congreso consideran que lo importante no son las ideas, sino los votos. Y eso es lo que quieren controlar. Pero en ese toma y daca de nuestra política, no solo hay que observar la estridencia de quien propone desde el Hemiciclo, sino el silencio de los que ocupan palacio.

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Quienes todavía insisten en que “ellos mismos” (léase, los mismos que protestaban) fueron los responsables de sus muertes, deben estar viendo con interés cómo discurre el intento por controlar la JNJ. Es cierto que no es un proceso que les competa en lo formal, pero hasta la Fiscalía se ha manifestado para que se respeten las garantías constitucionales de los miembros de la Junta Nacional de Justicia.

Las investigaciones y juicios acompañarán a la actual mandataria y a quien fue su ministro de Defensa al momento de las muertes. Durar, maniobrar y ubicarse lo mejor posible después del 2026 es su consigna.

Algunos quieren poner esta situación “solo” como una pugna de intereses entre “caviares” y “fujicerronistas”. Eso es tratar de justificar la lógica de que acá no hay un bien común ni gobernabilidad que defender o construir. Claro que hay intereses, siempre hay intencionalidad, consciente o no, en los actos humanos. Por supuesto que en los actos políticos.  Por eso es bueno recordar la diferencia que hacen Acemoglu y Robinson entre instituciones inclusivas y extractivas. No es lo mismo buscar que las instituciones estén al servicio de quien las dirige, que buscar que estas beneficien a la mayoría porque saben que, para crecer, se necesita de todos.