¿Dónde están nuestros desaparecidos?, por Mariela Noles Cotito

(*) Profesora e investigadora de la U. del Pacífico.

En el avance de las naciones hacia repúblicas, estas entendieron la necesidad de superar el paradigma del ‘ojo por ojo, diente por diente’ para resolver conflictos. Hoy, entonces, la administración de justicia no está encargada a un operador estatal aleatorio, o a reglas arbitrarias, sino a una institución especializada, con base en un listado taxativo de conductas problemáticas para la sociedad y las sanciones que les corresponden. Esto hace predecible para todos cuáles son las conductas sancionables y sus consecuencias. La muerte no hace parte de esta predicción. La desaparición forzada, tampoco.

La época vivida en el Perú entre los años 1980 y 2000 no termina de encontrar a los peruanos en el acuerdo. El periodo en el que nuestro país vivió un conflicto armado interno —definición correcta según los estándares del derecho internacional humanitario, y que no niega la existencia del terrorismo— tiene aún hoy mucho de mito y leyenda asociado a él. Mientras muchos ciudadanos niegan la denominación de conflicto armado, otros ciudadanos, más cínicamente, niegan los hechos reportados como ‘no ocurrencias’ o invenciones de algunos pocos para ganancias políticas.

Mientras unos reniegan de la denominación interpretando en ella alguna presunción de que esta exculparía a una parte o sobreculparía a otra, algunos otros relativizan este periodo o lo minimizan en base a sus supuestos resultados. Una suerte de ‘el bien justifica los medios’, donde es mejor olvidar los medios en base al ‘bien’ que le hicieron al ‘país’.

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Los peruanos tenemos una relación particular con nuestra historia, y parecemos tener la capacidad de politizar, inclusive, los hechos. Hechos como que, entre 1980 y el año 2000, nuestro país vivió un periodo de violencia armada prolongada entre autoridades gubernamentales y grupos armados organizados que costó la vida de, por lo menos, 69.000 ciudadanos a lo largo de todo el territorio nacional.

Hechos como que, durante el periodo referido, por lo menos 20.320 personas fueron desaparecidas. Veinte años después, según el Registro Nacional de Desaparecidos y Sitios de Entierro (Renade), identifica que solo 3.964 de ellos han regresado a sus familias para una adecuada sepultura. Con poco menos de 14.00 actualmente a cargo del equipo forense del Ministerio Público, ¿dónde están los 16.356 peruanos que nos faltan?, y ¿dónde nuestra urgencia por encontrarlos?

Sea cual sea nuestra posición sobre este periodo de nuestra historia, la desaparición forzada de personas no es una de las sanciones previstas en nuestro ordenamiento. Preguntémonos entonces: ¿qué tipo de sociedad somos al soportarla? Y ¿cuál es el mensaje que día a día le ofrecemos a todas esas familias peruanas que el día de hoy siguen buscando algo de sus deudos? O al menos, la verdad.