Los mochasueldos

Lo que hizo el excongresista Michael Urtecho Medina con el dinero de sus trabajadores fue obligarlos a entregar sus tarjetas de crédito, cobrar los montos completos y darles un pago ínfimo por debajo de los estándares que fijaba el cargo. Colocó en puestos de asesoría a su chofer y a su empleada del hogar a quienes les retenía más del 85% del salario.

Esta modalidad fue probada por la justicia para sancionar, al final del largo periodo entre 2013 y 2023, con cárcel de 22 años por el delito de concusión. Es bastante singular que el mismo excongresista Urtecho usara en su provecho la nueva disposición para lograr la prescripción de algunos delitos por exceso de tiempo, razón por la que no se sancionó aún con más dureza.

Urtecho se benefició con 420.000 soles obtenidos bajo métodos de extorsión al personal del Legislativo a su servicio. Para obtener el dinero ilícito, el exparlamentario actuaba en complicidad con su esposa, quien también ha sido sancionada duramente por la justicia con 28 años.

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Adicionalmente, Urtecho traficó con donaciones de sillas de ruedas y otros soportes para la minusvalía, aprovechándose de su propia condición física.

La Corte Suprema ha sancionado a la pareja por los delitos de concusión, apropiación ilícita, peculado y lavado de activos. Aún está prevista una reconsideración de la sentencia.

Lo señalado por la justicia parece un mensaje muy claro para los congresistas actuales, que han sido reiteradamente señalados por sus trabajadores o extrabajadores de exigir un porcentaje del salario en su beneficio, e incluso adicionalmente para contribuir en bolsas de viaje, campaña, apoyo en redes, etc.

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Las sanciones que podrían recibir los acusados por estas nefastas prácticas, que parecen haberse vuelto comunes en el Legislativo, no son blandas. Además, su reiteración posiblemente sea una causa adicional para las pobrísimas cifras de respaldo ciudadano que recibe una institución como el Congreso de la República. Urtecho fue el primero de los parlamentarios en ser acusado por sus extrabajadores. Pero no será el último.

Tanto así como de rigurosa, la justicia debe ser simétrica en todos los casos, pues la ciudadanía también espera severo castigo para los millonarios defraudadores del Estado, entre ellos, prominentes líderes políticos y empresarios.