Un pacto silencioso, por Rosa María Palacios
“Cientos de casos no resueltos se archivarían en beneficio de los presuntos delincuentes por declararse prescritos”.
El viernes 2 de setiembre del año pasado, el portal Epicentro TV difundió el primer audio de una conversación entre César Acuña y la bancada de APP. Intervenía en esta la entonces presidenta del Congreso, Lady Camones. Acuña exigía a su bancada darle trámite urgente a la ley de creación del distrito de Alto Trujillo para que la propia Lady Camones la presentara a la ciudad. Consideraba que este acto era clave para lograr su elección como gobernador regional. Con amable solicitud a su líder, Camones intervenía en el debate.
Para el 5 de setiembre, con otro audio de por medio, se presentaba la moción de censura contra Lady Camones. Con gran escándalo se le imputaba, entre otros, el delito de tráfico de influencias. Camones fue censurada, pero luego presidió la poderosa Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Acuña ganó su elección, el distrito de Alto Trujillo se creó y la supuesta “topo” Heidy Juárez (que lo negó todo) fue expulsada del partido para terminar jurando como ministra de la Mujer del último gabinete de Castillo.
Hasta aquí, una típica historia de la política peruana. Ya nadie se acuerda de las denuncias penales. Hay casi un final feliz para todos los protagonistas, excepto para Lady Camones, aunque el Congreso la compensara poniendo su retrato al óleo en la galería de presidentes en reconocimiento a sus 42 días de labor.
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¿A cuento de qué les recuerdo esta historia? El jueves 3 de agosto se publicó en La República por primera vez una historia que no es calco ni copia, pero tampoco creación heroica. Este año, APP volvió con las ganas de tomar la presidencia del Congreso. Negociaciones fueron y vinieron. Los Acuña, padre e hijo, eligieron al cusqueño Alejandro Soto como su favorito. Luego de ganar e instalarse, no fue ningún trabajo encontrar 55 denuncias penales en su contra (muchas archivadas) y la contratación de la tía de su hijo “que no es su cuñada”. Pero lo verdaderamente sorprendente tenía apenas meses.
En enero, el congresista Flavio Cruz de Perú Libre presentó un proyecto de ley para reducir el plazo por el cual se puede suspender la prescripción, reduciéndolo a un año. Ministerio Público y Poder Judicial opinaron en contra. No era para menos. Cientos de casos no resueltos se archivarían en beneficio de los presuntos delincuentes por declararse prescritos. La norma de “prescripción express” se tramitó a toda velocidad. El mismo Alejandro Soto, vocero de APP, impulsó que se ponga a votación. Lo que nadie sabía era que la norma que desesperadamente buscaba que fuera ley lo beneficiaba
¿Debió haberlo hecho público? Por supuesto. El reglamento de ética parlamentaria, artículo 4, inciso e, lo obliga a hacerlo y jamás lo hizo.
La ley se aprobó y promulgó a fines de mayo, con grandes titulares y editoriales advirtiendo el grave riesgo contra la lucha anticorrupción. De nada sirvió. Congreso y Ejecutivo fueron de la mano. A punto de ser sentenciado por estafa en el Cusco (el fiscal pedía 8 años y 8 meses) por haber engañado a sus propios clientes el 2012 (recibió honorarios por unos estatutos que jamás hizo y les vendió un terreno como ajeno, cuando era propio, a 10 veces su valor y, además, mintió en el metraje), el congresista se acogió a la prescripción en julio usando la ley que él mismo acababa de promover.
Un caso así de flagrante, de tráfico de influencias, es bastante más grave que el de Lady Camones, quien, al fin y al cabo, nunca llegó a tramitar nada y mucho menos en su favor. Sin embargo, ¿cuál ha sido la reacción? En el Congreso, mutis absoluto. En el Ejecutivo, otro tanto. Pero es en los medios de comunicación donde, salvo en La República, no se dice una sola palabra. Es tal el silencio que no deja de ser profundamente sospechoso.
¿Por qué en mayo teníamos editoriales y titulares y hoy no parece ser un problema? ¿Será que súbitamente la prescripción se volvió una institución ininteligible para todos los actores políticos? ¿O tal vez, habiendo tanto corrupto, se ha decidido silbar para arriba y esperar que el tiempo pase para lograr la tan ansiada prescripción express? Ampay, me salvo y se salvan todos mis compañeros parece ser una esperanza compartida, el verdadero consenso nacional.
Vistas las cosas a la distancia, pobre Lady Camones. Con Castillo en el poder, cometiendo todas las pillerías que cometió, el Congreso aún tenía que guardar las apariencias. Hoy ya no es necesario. APP, que suele llevar en sus listas parlamentarias a procesados por delitos comunes que terminan condenados (están los casos de Edwin Donayre o Benicio Ríos), puede respirar tranquilo. El pacto está sellado y de esta noticia es muy probable que usted no sepa más.