(In)tolerancia, por Marisa Glave
“Enfrentamos un tiempo oscuro en nuestro país. La señora Boluarte y el Congreso de la República están destruyendo la poca institucionalidad democrática que nos queda”.
La decisión de la ministra de Cultura, de imponer una reunión a su equipo técnico con el grupo ‘La Resistencia’, es inaceptable. Pretender encubrir el carácter político de la misma bajo el manto de la supuesta promoción de un diálogo sobre “discriminación y paz” es grosero. Lo hecho banaliza principios democráticos y vacía de contenido la idea de diálogo.
Los defensores del régimen de Boluarte y de las prácticas violentas del grupo ‘La Resistencia’ han señalado que se debe ser tolerante. Esta invocación a la tolerancia ha sido usada en nuestro país en varias oportunidades para legitimar la acción de grupos y organizaciones sociales que promueven la discriminación y que profesan discursos de odio hacia comunidades vulnerables. Discursos racistas, machistas y homofóbicos. Por lo mismo, esa invocación es profundamente cínica, pues pretende imponer a la sociedad una actitud de tolerancia contra quienes promueven la intolerancia y la exclusión social.
La idea de la tolerancia está asociada a la promoción de una convivencia armoniosa y democrática. Abrazada por el liberalismo, es levantada como una condición esencial para el ejercicio de la libertad individual. Pero incluso pensadores icónicos de esta corriente, como John Stuart Mill, plantean límites en el ejercicio de la libertad y de la tolerancia.
¿Cuáles serían entonces los límites? Pues la dignidad y los derechos de otra persona. No puedo ejercer mi libertad al punto de denigrar a otra persona, no puedo exigir tolerancia a mis prácticas y mis credos si limitan el ejercicio de derechos esenciales de otras personas o grupos sociales. Justamente por estos límites es que la Democracia no puede ser tolerante con grupos que promueven la exclusión y que exaltan la diferencia por razones de raza, credo, género e identidad.
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La promoción de estas prácticas tiene un nombre, fascismo. La persecución a defensores de derechos humanos, así como a líderes de opinión que les resultan incómodos, por parte de grupos como ‘La Resistencia’, es una expresión muy clara de esta tendencia fascista. No puede ser avalada bajo ninguna lógica democrática y menos aún legitimada desde las instituciones públicas, como el Ministerio de Cultura o la propia Defensoría del Pueblo, como muestra de su “tolerancia”. Por el contrario, la imposición de la ministra de Cultura es más bien una muestra clara de la intolerancia del régimen a sus opositores, pues premia públicamente a las organizaciones que los acosan y violentan.
Enfrentamos un tiempo oscuro en nuestro país. La señora Boluarte y el Congreso de la República están destruyendo la poca institucionalidad democrática que nos queda, no solo en términos organizativos, sino de valores y de legitimidad social. Recuperar la democracia debe ser nuestro principal objetivo y para hacerlo es central enfrentar el surgimiento del fascismo.