Las críticas legítimas —y de las otras— a la designación de Ninoska Chandia como presidenta de IRTP serían innecesarias si se contara con un real sistema de medios público al servicio del estado y no del gobierno de turno, por lo que sería estupendo que el debate sobre su nombramiento se aprovechara para avanzar en esa dirección.
Un sistema con la misión —tomo prestada la de la BBC— de actuar a favor del interés público sirviendo a todas las audiencias con la provisión de una producción imparcial, de alta calidad y distintiva, y con servicios que informen, eduquen y entretengan, es crucial para construir una mejor sociedad.
Eso no pasará de una buena intención que dependa de la vocación de las personas que circunstancialmente lo dirijan, si se carece de un diseño institucional que establezca las condiciones, recursos, prerrogativas, autonomías y obligaciones necesarias para lograrlo.
No conozco a la designada Chandia ni al defenestrado Jesús Solari, pero no hay duda de que dirigir un medio, estatal o privado, es un oficio complejo que requiere muchas condiciones, pero básicamente la habilidad señalada por el fundador de El País, Juan Luis Cebrián: “Un director es siempre representante de la empresa, que debe mantener la capacidad de nombrarle y separarle del cargo, pero al mismo tiempo juega un papel difuso de mediador entre su redacción —sin la que sería imposible el periódico— y la propiedad”.
Con la experiencia personal de varios despidos de la dirección de un medio, sé que, cuando se produce un cortocircuito con el propietario, el fusible que vuela y se reemplaza es el director. Lidiar con el propietario del medio es complejo, sea estatal (presidentes y ministros aman el elogio) o privado (el interés del accionista no siempre coincide con el compromiso con la verdad, propio del periodismo independiente).
Para evitarlo en el estado, se debe crear un sistema público multiplataforma (TV, radio, digital, etc.) a partir de experiencias internacionales. Que es lo que debería hacer el congreso en vez de tonterías (cuotas de folklore, colegiaturas o elevar penas por difamación). Mientras tanto, el recelo por el cambio en IRTP debe servir para vigilar su actuación futura para que actúe a favor del interés del estado y no del gobierno.