Lecciones aprendidas, por Raúl Tola

Una semana ha servido para sincerar la verdadera agenda de nuestra clase política. Quienes dudaban de los intereses en juego han visto absueltas todas sus dudas con la actuación descarada, transparente de nuestro Congreso, donde las fuerzas políticas que, en teoría, se profesaban el más enconado de los odios, hoy marchan hermanados, de la mano.

La profunda polarización, que alcanzó su paroxismo en la segunda vuelta de las últimas elecciones, que enfrentó a Keiko Fujimori y Pedro Castillo, fue planteada como el choque de dos mundos excluyentes. Separó familias, distanció amigos, y nos sumergió en un estado de crispación, intolerancia y conflictividad agudas, pero no fue sino una farsa, donde se antepusieron las pequeñas diferencias por delante de las enormes coincidencias. Estas son las que han gobernado el comportamiento de estas fuerzas corruptas, mafiosas, autoritarias y profundamente conservadoras que, con diferentes membretes, se reparten las curules del Congreso.

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El principal objetivo es obtener impunidad frente a los procesos por corrupción que cercan a todos, de Keiko Fujimori a Vladimir Cerrón, pasando por ese puñado de parlamentarios de Acción Popular conocidos como ‘Los Niños’, librados del escrutinio de la justicia esta semana, en el ejemplo más descarado de esta alianza multipartidaria, que aspira a la impunidad general.

Pero esta es solo una de sus coincidencias. También están las mafiosas y mercantilistas, como la reinstauración de esas corporaciones dedicadas a estafar jóvenes, generar riquezas inverosímiles y, todo indica, lavar dinero que son las universidades de mala calidad, rescatadas con la demolición de la Sunedu. El copamiento de la institución creada para velar por la calidad de la educación superior es solo un ejemplo de una estrategia vertiginosa e irreversible de control del aparato estatal, que aspira a anular el balance de poderes, la fiscalización y la mínima excelencia.

Es lo mismo que ha pasado con el Tribunal Constitucional y, también esta semana, con la Defensoría del Pueblo, entregada a Josué Gutiérrez, un oscuro abogado sin méritos académicos, que arrastra varios escandaletes en su cimbreante carrera política, y cuyo mayor activo es haber ejercido la defensa de Vladimir Cerrón. Esto no ha evitado el entusiasta apoyo de Fuerza Popular, Acción Popular y otras bancadas que, se suponía, estaban en las antípodas del cerronismo.

La ofensiva en marcha ha aprendido de experiencias pasadas. Para salirse con la suya, los conjurados han comprendido que deben contar con un poder sin fisuras ni contrapesos. Por eso, han comenzado a dar los primeros pasos de la última, decisiva batalla, para infectar aquellas instituciones que les falta: la Junta Nacional de Justicia y el sistema electoral. La sensación de degradación y decadencia se agudizarán en las semanas entrantes, lo que debería servir para activar al periodismo crítico e independiente, y a las reservas de una sociedad que no puede resignarse a contemplar impasible cómo es robada y prostituida por un escuadrón de impresentables.