La Cantuta, 31 años después
Identifican a cuatro estudiantes asesinados por el destacamento Colina.
Un pequeño hueso del codo permitió el año pasado determinar que, Armando Amaro Cóndor, hijo de Raida Cóndor, había sido una de las víctimas del destacamento Colina, organización paramilitar enquistada en las propias Fuerzas Armadas, durante el Gobierno de Alberto Fujimori. Después de 30 años de lucha de su madre y familiares de los estudiantes y el profesor asesinados y posteriormente quemados, se abría una esperanza para los deudos que buscaban justicia y la posibilidad de darles cristiana sepultura.
Hasta el año pasado, solo estaban plenamente identificados Enrique Ortiz, encontrado en Huachipa en 1993 —fue el único al que se ubicó con su cuerpo completo—, y Armando Amaro Cóndor.
Unas maletas olvidadas en Inglaterra desde hace 30 años contenían restos humanos que habían sido enviados para la identificación de las víctimas de La Cantuta. La persistencia de los familiares y el apoyo indesmayable de las organizaciones de derechos humanos Redress y Aprodeh lograron la repatriación de las valijas y que el Instituto de Medicina Legal realizara en el país la identificación mediante pruebas de ADN.
Ha sido esta lucha de 31 años la que ha permitido que se identifique a 4 víctimas más del crimen que puso en la cárcel a Alberto Fujimori y a algunos de los miembros del ilegal destacamento. Han vuelto a sus familias, que nunca dejaron de buscarlos, Dora Oyague Fierro, Marcelino Rosales, Bertila Lozano Torres y Felipe Flores Chipana. Plenamente identificados, ahora sus parientes tendrán la certeza que les fue por tanto tiempo negada.
Falta ubicar aún a 4 desaparecidos más: Robert Teodoro Espinoza, Heráclides Pablo Meza, Juan Mariños y el profesor Hugo Muñoz. Quedan por realizarse varias investigaciones de carácter forense para dar con el paradero de los que faltan. La lucha tenaz de las organizaciones de DDHH que han acompañado a las familias en su búsqueda se tendrá que imponer a la desidia y la burocracia.
La memoria del horrendo crimen cometido el 18 de julio de 1992, cuando un destacamento de militares sustrajo de las viviendas universitarias a 9 estudiantes y un profesor, no se ha perdido a pesar del tiempo transcurrido. La obligación del Estado de pedir perdón, garantizar justicia y finalmente reparar el daño causado debe servir de ejemplo a quienes, desde el poder, esperan trato benévolo e impunidad. La Cantuta, 31 años después, sigue hablando y reclamando.
