Legislación y Cambio Climático
“La tarea no es menor teniendo en cuenta que los riesgos climáticos afectan seis grandes aspectos de los sistemas humanos”.
(*) Investigadora. Unidad de Investigación de Políticas de Ciencia, Universidad de Sussex.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 13, Acción por el clima, busca poner a la lucha contra el cambio climático como un elemento central en las agendas de Gobierno alrededor del mundo. La tarea no es menor teniendo en cuenta que los riesgos climáticos afectan seis grandes aspectos de los sistemas humanos (salud, alimentación, agua, infraestructuras, economía y seguridad), de tal manera que organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud se han visto en la necesidad de declarar al cambio climático como la mayor amenaza para la salud de la humanidad.
Lo que desconocemos, sin embargo, es cómo distintos modelos de gobernanza para la acción climática están contribuyendo con tareas relacionadas con la mitigación de y adaptación a este fenómeno. Dado que la acción climática es un objetivo de política relativamente reciente, es crucial que los aprendizajes que emergen de estas iniciativas sean accesibles para países que, por motivos políticos o de recursos, han demorado la implementación de acciones en esta materia.
En este sentido, el Instituto de Investigación Grantham para el Cambio Climático y el Medioambiente viene analizando cerca de 1.400 leyes y políticas sobre cambio climático en 177 países. El Perú, según este proyecto, se ubica en el puesto 58 del Índice de Riesgo Climático, produce 0,36% de las emisiones globales, y tiene siete elementos legislativos y 12 políticas relacionadas con este objetivo.
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Si bien la existencia de elementos regulatorios no determina el éxito de las acciones del Gobierno, estos permiten tres acciones concretas para avanzar en el cumplimiento del ODS 13: dar seguimiento a las políticas para asegurar su financiamiento, rendir cuentas para llamar la atención sobre medidas insuficientes y modelar posibles riesgos según el actual entorno normativo. Pese a que nos falta invertir más recursos para convertirnos en un país resiliente ante este fenómeno, es positivo ver que vamos encaminados.