¿Quién manda a quién?

La señora Dina Boluarte no gobierna. Tampoco lo hace el ministro Otárola, aunque aparenta hacerlo mejor que ella. Cabe preguntarse entonces ¿quién o quiénes lo hacen? Hace ya un tiempo, analistas políticos especializados en el debate parlamentario vienen señalando que el Congreso, con sus complejidades, se ha convertido de facto en el primer poder del Estado. Es en el fondo la institución que concentra las principales decisiones. Con menos del 10% de aprobación, es decir, sin legitimidad social alguna, el bloque de poder que hegemoniza el Parlamento ha logrado cooptar instituciones, la más importante es el Tribunal Constitucional, así como someter al Poder Ejecutivo. El actual Congreso ha logrado lo que soñó e intentó el Congreso fujimorista del 2016, pero que no llegó a conseguir.

Ni siquiera se salva el antes poderoso Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El último debate en torno a un crédito suplementario solicitado por ellos lo pone en evidencia. José Luna muestra mayor capacidad de decisión en relación al destino final de los fondos públicos que el propio ministro. El proyecto fue aprobado por el Congreso, pero a condición de añadir un anexo al que llamaron “Proyecto de rápida ejecución para la reactivación económica regional”.

Este anexo nunca formó parte del proyecto del Ejecutivo. Incluso se añade una carta en el dictamen, del ministro dirigida a Luna, en la que dice expresamente: “es necesario recordar que ese documento no forma parte del Proyecto de Ley 4482/2022 presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso, sino que se trata de una iniciativa congresal propuesta y aprobada por unanimidad en el seno de la comisión que usted preside”. Esta es una injerencia directa en el destino de los usos de los fondos públicos, en base a prebendas políticas más que un debate técnico. Todo esto a vista y paciencia del MEF que lo único que atina a hacer es dejar constancia del proceso en una carta, mas no observa y ni se opone al dictamen.

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Este empoderamiento del Congreso, incluido el manejo del gasto público, se fortaleció cuando su Tribunal Constitucional, en noviembre pasado, puso en duda la rigidez del artículo 79 de la Constitución, que señala expresamente que “los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto”. Entre esta sentencia y la abdicación de la función de Gobierno del equipo de Boluarte, el poder del Congreso crece. Cuando hay poderes sin contrapeso estamos ante una situación de riesgo de autoritarismo.

El adelanto de elecciones es cada vez más urgente. Como resarcimiento moral a los deudos de las víctimas del régimen de Boluarte, que no debiera mantenerse con más de 40 muertos causados por la represión de su Gobierno. Pero también como salvavidas a nuestra democracia que se hunde de manera acelerada.