La discusión sobre Petroperú, por Humberto Campodónico
"La opción de no darle apoyo y dejar quebrar a la empresa ‘vende bien’, y se ajusta a los cálculos de los privatizadores, que han redoblado sus ataques. ¿Tendrá éxito?”.
Las actuales críticas han alcanzado sus niveles más altos desde que el Directorio de la empresa hiciera un pedido de apoyo financiero y económico para enfrentar la crisis. La refinería de Talara sería un “elefante blanco”, que no recuperará la inversión para construirla y siempre dará pérdidas. Ergo, no hay razón para seguir “tirando el dinero a un barril sin fondo”.
No dicen eso las calificadoras de riesgo Standard and Poor’s y Fitch ni la consultora Arthur D. Little (ADL), contratada en el 2023 para elaborar un plan de reestructuración. Para ADL, la capacidad de pago promedio de Petroperú, concluida la refinería, es US$470 millones anuales en promedio, lo que permite el servicio de la deuda externa asumida.
Las demoras
La demora de la refinería para entrar en operación es una de las causas de la crisis (no la única). La primera demora se dio con la postergación de la contratación de las unidades auxiliares, que recién se concretó en el 2018, tres años después del inicio de la construcción de las unidades de proceso, por Técnicas Reunidas de España en junio del 2014. Los sobrecostos originados fueron analizados por la Contraloría en el 2021. También está el Covid-19, que tuvo fuertes efectos en Talara hasta el 2022 e impactó en el monto de inversión.
También se dice que es por la ineficiencia de Petroperú. Aquí se pasa por alto que el “arranque” lo hace la empresa constructora junto con los técnicos de las empresas dueñas de las patentes de los activos. Son empresas de talla mundial, entre ellas Exxon Mobil, Honeywell UOP y Axens. En el proceso están presentes los técnicos de Petroperú. Una vez arrancadas, y pasada la prueba de garantía, son entregadas a Petroperú y la productividad aumentará. La demora no ha sido mayor a la de otras refinerías de alta complejidad, como la de Cartagena en Colombia.
Otra crítica es la falta de buen gobierno corporativo. Un elemento central es la designación y, también, la remoción del Directorio de Petroperú. Hasta el 2013, regía el Decreto Legislativo 43 de 1981 (Belaunde). Los criterios eran laxos y no siempre los directores fueron elegidos con criterios meritocráticos.
Esto se acentuó con la Ley 30114 del 2013: “Los directores podrán ser removidos por la Junta General de Accionistas (JGA) conforme a las disposiciones de la Ley 26887, Ley General de Sociedades”. Ergo, el criterio político de los accionistas (el MEM con tres miembros y el MEF con dos) se aplica ahora a los directores.
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Por eso, en setiembre del 2022, con Acuerdo de Directorio de Petroperú se aprobó un proyecto de ley —se envió al MEM, pues Petroperú no tiene iniciativa legislativa— que establecía reglas para la elección transparente y meritocrática. Se trataba de poner remedio a las designaciones políticas que hacen daño a la empresa, como la designación del Directorio de Petroperú en agosto del 2021. La no firma del acuerdo con la sociedad auditora de los estados financieros, en febrero del 2022, gatilló la desconfianza de acreedores y proveedores, motivando que, en marzo, Standard and Poor’s le quite el grado de inversión a Petroperú.
Los recientes cambios en el estatuto de Petroperú, por parte de la JGA, restablecen la meritocracia. Es un paso adelante, que debiera consolidarse con una ley que anule la Ley 30114. Porque lo que hace una JGA puede ser cambiado por otra JGA.
La privatización y sus consecuencias
En 1993 se decidió privatizar a Petroperú por partes: los lotes petroleros (en la selva y en Talara), sus grifos y su principal refinería (La Pampilla). A fines de los 90, cuando los precios del petróleo bajaron en todo el mundo, las rebajas en el Perú se hacían esperar. Una agresiva campaña de Petroperú permitió que los precios internos se alineen a la tendencia internacional. Allí se paró la privatización.
Pero ya Petroperú tenía que competir sin dos de las tres fuentes de ingresos de una petrolera: la renta que viene de los lotes productores y el margen de ganancia por la comercialización de los grifos. Ahora, el 90% de sus ingresos provenían de la refinería. Además, proseguían los golpes de los privatizadores: a Petroperú no se le devolvía el crédito fiscal del IGV por sus ventas en la Amazonía: 200 millones de soles anuales. La medida fue anulada recién en el 2015, pero solo en adelante: no se reconocieron los 2.000 millones de soles del 2001 al 2015. En la Amazonía solo está Petroperú; las demás empresas “no entran”. Y en el 2015 se le negó la entrada al lote 192, a pesar de la Ley 30357 aprobada en el Congreso. Los golpes nunca pararon.
En el 2022 subieron los combustibles por la invasión de Rusia a Ucrania, que elevó los márgenes de refino (que Petroperú no tiene, pero la competencia sí). Además, como lo señala ADL 2023, “el Precio de Paridad de Importación calculado por Osinergmin está subvalorado comparado al de Petroperú, lo cual resulta en un valor inferior por concepto de compensación y en márgenes negativos para productos incluidos en el FEPC, como el Diesel UV” (p. 82). La controversia con Osinergmin aún no se resuelve y Petroperú tiene que vender a pérdida. Tal cual.
Conclusión
¿Acaso el reciente pedido de Petroperú al MEF no confirma que es un barril sin fondo porque es un “elefante blanco”? Repetimos: no es eso lo que dicen las calificadoras ni ADL. Pero sí es un gran problema reputacional. Pedir dinero (“pasar el sombrero”) en un país que atraviesa una recesión y baja recaudación tributaria siempre va a ser mal visto (es también una bala en la discusión que se viene, tarde o temprano, sobre la Constitución).
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La opción de no darle apoyo y dejar quebrar a la empresa “vende bien”, y se ajusta a los cálculos de los privatizadores, que han redoblado sus ataques. ¿Tendrá éxito? Petroperú tiene una deuda de US$3.000 millones en bonos emitidos en el mercado internacional. El supuesto de los inversionistas institucionales es que el Estado no dejará quebrar a su empresa pública (aún si dichos bonos no tienen respaldo “soberano”).
Los bonos han sido adquiridos por BlackRock, Vanguard, JP Morgan, Allianz Group, Goldmann Sachs, Pimco, Mellon, entre otros. De su lado, la deuda pública externa del Perú es de US$46.000 millones en el 2022 (BCRP) y el 70% está en bonos. Los tenedores son casi todos los mismos en ambos casos. Por tanto, la “realpolitik” le indicaría a cualquier ministro de Economía que es difícil decir a los inversionistas que unos bonos sí se pagan y otros no, porque la compañía entró en “default” (quebró). ¿Qué pasaría con la siguiente emisión de bonos del Perú?
Más allá de esa “realpolitik”, la empresa ha tenido problemas por causas diversas, varios de ellos con el objetivo de privatizarla. Pero la refinería ya está en marcha y cubre el servicio de su deuda, lo que mejora con los lotes petroleros. Si esto es así, la solución es el buen gobierno corporativo en Petroperú que ya planteó ADL para blindar a los directores y resistir los embates del poder político, sobre todo futuro.
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Se debería tratar de salir del entrampe de las posiciones extremas: todo para Petroperú o privatizarla. Avanzar hacia el logro de un consenso positivo de largo plazo para Petroperú, como en Colombia y Chile para las tareas de seguridad en el abastecimiento en todo el Perú (no solo en la costa) y la transición energética, excluye su privatización, pero no el aporte del capital privado.
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Cristal de mira
Humberto Campodónico. Autor de contenidos y de las últimas noticias del diario La República. Experiencia como redactor en varias temáticas y secciones sobre noticias de hoy en Perú y el mundo.