Constitución, crecimiento y bienestar, por Marisa Glave

Waldo Mendoza acaba de publicar Constitución y crecimiento: Perú 1993-2021, libro que me invitó a presentar. La lectura resultó interesante y despertó en mí la voluntad de debatir.

Como lo he señalado en esta columna, soy de las personas que creen que el consenso que se forjó de manera autoritaria en los años 90, plasmado en la Constitución del 93, ha llegado a su fin. El modelo político y económico que guio el país los últimos 30 años empieza a desplomarse.

¿Esto es solo por la mala gestión pública?, ¿por la corrupción política?, ¿no hay ningún vínculo con el modelo de desarrollo que tenemos?

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El autor hace una defensa del régimen económico de la Constitución y rechaza la idea de una modificación. Plantea que el modelo de crecimiento que tenemos, junto a la vigencia de instituciones económicas sólidas, como el BCR y el MEF, en el marco de un mercado internacional favorable, son la clave del éxito. Su argumentación se centra en un indicador: el crecimiento del PBI per cápita. Lo considera necesario y también suficiente para medir la mejora en el bienestar de la población.

Aunque hay algunos elementos con los que coincido, como por ejemplo garantizar la autonomía del BCR y no permitir la dominancia fiscal, hay otros que creo que responden más al trauma del fin de los 80. Un trauma más que entendible, pues los niveles de inflación a los que llegamos no pueden repetirse, pero del que debemos aprender para superar.

Simplemente prohibir la participación del Estado en la economía, salvo de manera subsidiaria, y blindar la inversión privada a como dé lugar, deja de lado un conjunto de alternativas de desarrollo que podrían tener resultados más inclusivos e impide dar solución a problemas sociales graves.

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Solo mirar el crecimiento del PBI oculta un conjunto de indicadores. Por ejemplo, que el Perú es uno de los países más desiguales de América Latina, el modelo ha logrado beneficiar particularmente a unos cuantos que concentran la riqueza. Que el crecimiento y la reducción de la pobreza en algunos territorios como Madre de Dios están vinculados con el crecimiento acelerado de economías ilegales, como la minería, tala y narcotráfico. Un último estudio señala que las economías ilegales mueven 7,500 millones de dólares al año. Esa cantidad de dinero no se “lava” por trueque, requiere conexiones estables con la economía legal, como recordaba Francisco Durand.

Crece el PBI per cápita, pero Puno tiene 69.9% de niñas y niños con anemia. Los 10 distritos con menor IDH tienen un ingreso familiar per cápita de 86 soles mensuales. Y el 75% de la gente que trabaja lo hace en el mundo informal, ¿éxito del modelo?

Una Constitución no es una receta mágica que solucionará todos los problemas de la noche a la mañana ni es la fuente de todos los males. Pero sí nos merecemos un nuevo pacto social, que nazca en democracia y no ate las manos del Estado.